Maestros recibirán bonificación por preparación de clases sin sentencia judicial

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El pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que dispone el pago a los maestros de una bonificación especial por preparación de clases equivalente al 30 % de su remuneración con una resolución administrativa y sin la exigencia de una sentencia consentida del Poder Judicial. Esta norma aprobado por el legislativo ha sido recibido con entusiasmo por el gremio docente, que ha visto en esta medida una reivindicación de sus derechos laborales.

El proyecto de ley fue aprobado en primera votación con 63 votos a favor, nueve en contra y 23 abstenciones. Será sometido a una segunda votación en siete días. José María Balcázar, presidente de la Comisión de Educación, explicó que esta norma reconoce un derecho para los maestros, fundado en sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, e incluso se cumple en muchas regiones del país. Precisó que la bonificación será equivalente al 30 % de la remuneración total del maestro y será extensiva para docentes en actividad, cesantes y contratados.

Con este fin, la norma dispone que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las unidades de gestión educativa local (UGEL) tendrán que expedir una resolución administrativa para el pago de la bonificación especial por preparación de clase y evaluación, y por desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión equivalentes al 5 % de la remuneración. Esta medida busca eliminar la necesidad de que los docentes acudan al Poder Judicial para exigir un derecho que ya ha sido reconocido en múltiples sentencias.

"Es la única forma de hacer que las autoridades entiendan que es un derecho", afirmó el legislador Balcázar. Subrayó que las autoridades administrativas de Educación, en cualquiera de sus niveles, que incumplan con el pago de este derecho, serán pasibles de ser denunciados civil, administrativa y penalmente.

Durante el debate, la congresista Patricia Juárez (FP) se mostró contraria al proyecto de ley, señalando que ya había sido aprobado anteriormente por el Congreso y que motivó un llamado de atención del Tribunal Fiscal, dado que tendría un costo de 42 millones de soles para el Estado. Sin embargo, la mayoría de los legisladores respaldó la iniciativa, argumentando que se trata de una medida justa y necesaria para reconocer el trabajo de los maestros.

Esta decisión del Congreso representa un paso importante en la lucha por mejorar las condiciones laborales de los docentes en Perú. Los maestros, que desempeñan un rol crucial en la formación de las futuras generaciones, recibirán ahora un apoyo económico adicional que reconoce el esfuerzo y dedicación que ponen en la preparación de sus clases.

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