Minedu separa a docente del Callao por presunta vinculación con Movadef en marco de Ley N° 29988



Minedu separa a docente del Callao por presunta vinculación con Movadef en marco de Ley N° 29988
El Ministerio de Educación (Minedu) ha tomado la decisión de separar a Lina Isabel Ponte Bermudes, docente de la Institución Educativa Privada Concordia Universal en el Callao, debido a presuntos vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). La medida se ha aplicado en el marco de la Ley N° 29988, que regula las acciones preventivas y sanciones para el personal educativo implicado en delitos graves, especialmente aquellos que podrían comprometer la integridad de menores de edad.

El Minedu emitió un oficio dirigido a la Dirección Regional de Educación del Callao, solicitando la inmediata implementación de medidas para apartar a la docente de su cargo mientras se resuelve su situación legal. Según el documento, existen indicios suficientes para aplicar el artículo 7 del Decreto Supremo N° 004-2020-MINEDU, que permite la separación preventiva de docentes involucrados en procesos penales graves, asegurando la protección de los estudiantes y la integridad del proceso educativo.

El caso de Lina Isabel Ponte Bermudes ha generado preocupación entre las autoridades educativas y la comunidad en general. La maestra enfrenta un proceso penal por presunta vinculación con actividades terroristas, lo que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes bajo su responsabilidad.

El Minedu ha reiterado su compromiso de garantizar un entorno educativo seguro y ha destacado la importancia de actuar con celeridad ante cualquier situación que pueda amenazar la integridad de los menores. Esta decisión es parte de un esfuerzo más amplio por parte del ministerio para asegurar que el personal educativo en el país cumpla con los más altos estándares de ética y conducta.

Desde abril hasta mediados de agosto de 2024, el Minedu ha separado a 371 docentes y 57 empleados administrativos en todo el país, en su mayoría por delitos de agresión sexual y terrorismo. Esta cifra refleja el compromiso del gobierno de asegurar la protección de los estudiantes y mantener un entorno educativo libre de riesgos.

Las acciones tomadas en este caso servirán como un recordatorio de la importancia de mantener estrictos controles en las instituciones educativas y de la necesidad de responder de manera rápida y eficaz ante cualquier indicio de conducta delictiva por parte del personal docente.


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