Según informa La República, las amenazas dirigidas al Colegio Alfred Nobel eran diarias e incluían mensajes como: "tienes 24 horas o vuelo el colegio". Esta intimidación constante ha generado una mezcla de impotencia y alivio entre los vecinos de El Carmen, uno de los barrios más poblados de Comas, al conocer la decisión de cierre del plantel.
Giannina Miranda Lazo, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial y representante del colectivo Educar con Libertad, confirmó a La República que este colegio es solo uno de los más de 300 planteles educativos que han cerrado sus puertas a nivel nacional debido a las amenazas de grupos criminales. Miranda expresó su preocupación por la falta de un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo, señalando que "no hay ningún plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo".
La situación es alarmante, ya que los padres de familia consideran que las escuelas, tanto públicas como privadas, son espacios seguros para el desarrollo y aprendizaje de niños y adolescentes. Sin embargo, la creciente violencia en el país ha generado un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad, afectando no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, quienes están siendo objeto de amenazas, extorsiones e intimidaciones dentro y fuera de los centros educativos.
Además de las extorsiones, Miranda Lazo manifestó su descontento con las recientes exigencias del Ministerio de Educación hacia los colegios privados. Según informa La República, de 25,000 colegios privados, ya han cerrado 11,000, muchos de ellos debido a la extorsión. Las nuevas regulaciones requieren que las instituciones transparenten sus informes financieros y publiquen sus números en una plataforma pública, lo que, según Miranda, expone aún más a los colegios ante la criminalidad.
La problemática no se limita a las instituciones privadas. Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), alertó sobre las extorsiones que afectan a maestros de escuelas públicas en zonas rurales de La Libertad. Docentes que se desplazan por áreas de difícil acceso, como Ascope, son interceptados por delincuentes que les exigen pagos diarios de entre 5 y 10 soles. Aquellos que se niegan a pagar y continúan con su labor educativa son amenazados de muerte. Esta situación ha afectado a aproximadamente 120 docentes, muchos de los cuales se han visto obligados a pagar para poder continuar con sus clases.
La magnitud del problema es evidente en las estadísticas del Ministerio Público. En los últimos nueve años, se han registrado 86,373 denuncias relacionadas con extorsión en los 34 distritos fiscales y en Ventanilla. De estas, 77,314 fueron por extorsión, 2,952 por chantaje y 6,107 sin un registro específico del delito. El año pasado, se reportaron 22,835 casos, y en lo que va del 2023, las cifras alcanzan las 22,296 denuncias.
A pesar de la gravedad de la situación, representantes del magisterio critican la ausencia de un plan integral de seguridad por parte del Gobierno y lamentan la falta de medidas preventivas efectivas. La normalización del pago de "cupos" en sectores como el comercio, el transporte y ahora la educación, evidencia la expansión y arraigo de las prácticas extorsivas en diversas áreas del país.
En respuesta a la crisis, el coronel Franco Moreno, jefe de la unidad antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), aseguró que, aunque no precisó cifras, se han logrado algunas detenciones relacionadas con secuestros y extorsiones. Sin embargo, la percepción general es que las acciones gubernamentales son insuficientes para frenar la ola de criminalidad que afecta al sector educativo y a la sociedad en general.
La situación ha llegado a tal punto que, según reporta El País, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha desplegado tanques de guerra en las calles durante el tercer paro nacional contra las extorsiones del crimen organizado. Esta medida busca disuadir a los manifestantes y combatir la creciente inseguridad, aunque ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
En conclusión, la escalada de extorsiones y violencia en el sector educativo peruano ha generado un clima de inseguridad que afecta directamente la formación y bienestar de miles de estudiantes y docentes. La falta de una estrategia clara y efectiva por parte del Gobierno para abordar esta problemática pone en riesgo el futuro educativo del país y la integridad de quienes forman parte de este sector esencial.
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