El cambio de nombre se hizo oficial el 4 de diciembre de 2024, en una ceremonia encabezada por la mandataria. Esta decisión se tomó después de que se revelaran presuntos casos de corrupción dentro de Qali Warma, donde se habría encubierto la entrega de productos en mal estado, lo que derivó en la intoxicación de 23 escolares en la localidad de Cabana, Puno, en marzo de 2024. Pese a las promesas de reforma, LaRepublica.pe reportó que las deficiencias persisten.
Según imágenes obtenidas por dicho medio, en el colegio Pequeños Soñadores, ubicado en el distrito de Alto Biavo, región San Martín, los alimentos entregados por Wasi Mikuna fueron almacenados en una estructura improvisada, expuestos a temperaturas de hasta 35 grados. Entre los productos entregados se encuentran conservas de pollo y pescado, que, sin las condiciones adecuadas de almacenamiento, corren el riesgo de deteriorarse rápidamente.
Fuentes vinculadas con los proveedores explicaron a LaRepublica.pe que los alimentos salen de almacenes climatizados, pero luego son distribuidos en espacios sin garantías sanitarias, debido a que Wasi Mikuna establece las condiciones de entrega sin considerar las particularidades de cada región. En el caso de la Amazonía, los proveedores han alertado que el pescado prensado como paiche y paco se deteriora con rapidez en zonas de altas temperaturas. A pesar de las advertencias, aseguran que no han recibido respuesta por parte de las autoridades del programa.
Además, el medio reveló que, cuando ocurren problemas con la calidad de los alimentos, Wasi Mikuna suele responsabilizar a los proveedores o a los comités de padres de familia. Este fue el caso de la intoxicación masiva en Puno, donde las madres de los escolares afectadas indicaron que no recibían asesoramiento sobre la manipulación de los productos, a pesar de que el programa debería garantizar esta capacitación. Sin embargo, según las declaraciones recogidas por LaRepublica.pe, Wasi Mikuna atribuyó la responsabilidad a las autoridades escolares y a los padres de familia.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo publicó un informe el 11 de febrero de este año, confirmando que el cambio de denominación no trajo mejoras estructurales en el programa. De acuerdo con la investigación, persisten deficiencias en el control de calidad de los productos y en los procesos de contratación y distribución de alimentos. Asimismo, se identificaron fallas en la supervisión de la inocuidad de los productos.
Ante estos hallazgos, Wasi Mikuna defendió su gestión asegurando que el almacenamiento de los productos es responsabilidad del Comité de Alimentación Escolar de cada institución educativa, conformado por docentes y padres de familia. En tanto, la Fiscalía Anticorrupción intervino recientemente la sede central del programa para recopilar información sobre presuntos casos de corrupción relacionados con la adquisición y distribución de alimentos.
Mientras tanto, la situación en colegios como Pequeños Soñadores evidencia que las promesas de mejora del programa de alimentación escolar siguen sin cumplirse, poniendo en riesgo la calidad de los alimentos destinados a millones de escolares en el país.
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