Entre abril de 2024 y mayo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado a 972 personas -831 docentes y 141 trabajadores administrativos- de diversas instituciones educativas en el país. De ese total, 162 fueron retirados de manera definitiva tras haber recibido sentencias condenatorias del Poder Judicial. Otros 810 permanecen separados de manera preventiva por estar involucrados en procesos judiciales en curso.
La medida alcanza a trabajadores distribuidos en 844 escuelas públicas y 128 privadas. Las acusaciones incluyen delitos como violación de la libertad sexual, terrorismo, homicidio doloso, feminicidio, tráfico ilícito de drogas, proposiciones sexuales a menores y parricidio.
Delitos vinculados a la seguridad de escolares
Según información oficial, 815 de las personas separadas -703 docentes y 112 administrativos- tienen condenas o están siendo investigadas por delitos sexuales contra menores. Además, 75 están procesadas o han sido sentenciadas por terrorismo y apología del terrorismo, mientras que otras 22 enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas.También se registran 20 casos por homicidio doloso y 11 vinculados al uso de medios tecnológicos para contactar con fines sexuales a niños y adolescentes. Dos docentes están siendo procesados por feminicidio, y un trabajador administrativo fue separado tras recibir una sentencia por parricidio.
Aplicación de la Ley 29988
El Minedu aplica estas separaciones conforme a lo establecido en la Ley 29988, que regula medidas excepcionales para el retiro del personal docente o administrativo vinculado a delitos que atentan contra la integridad de los estudiantes. Esta normativa permite actuar tanto en casos con sentencia firme como en procesos en etapa de investigación, con el objetivo de proteger el entorno escolar.El ministro de Educación, Morgan Quero, señaló que la cartera viene actuando de manera sostenida para garantizar que las escuelas sean espacios seguros. "Estamos comprometidos con la detección oportuna de cualquier conducta que represente un peligro para los escolares", indicó durante una reciente declaración pública.
Más de 2 mil personas bloqueadas para contratación
Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados a 2,086 docentes acusados de faltas muy graves, entre ellas, delitos sexuales y terrorismo. Estas personas están impedidas de ser contratadas o nombradas en cualquier institución educativa pública o privada del país.Según la cartera, esta acción preventiva busca evitar que personas con antecedentes o denuncias graves accedan a cargos con cercanía a menores de edad. La decisión se sostiene en la necesidad de resguardar la integridad física, psicológica y emocional de los estudiantes.
Supervisión y depuración del magisterio
La supervisión de los antecedentes de docentes y administrativos es parte de un proceso continuo que el Minedu ejecuta con el apoyo de instancias judiciales, policiales y de control interno. El propósito es garantizar que el personal en contacto directo con los estudiantes no tenga vínculos con delitos que puedan comprometer la seguridad escolar.Según detallaron voceros del sector, los filtros se intensificarán mediante cruces de información con el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se prevé que estas acciones incluyan también a postulantes de futuras convocatorias docentes.
Reacciones frente a las medidas adoptadas
Diversas organizaciones sociales y colectivos de padres de familia han solicitado al Minedu reforzar los sistemas de control en los procesos de selección de personal en el sector educativo. Asimismo, piden que los procedimientos administrativos se desarrollen con celeridad y transparencia.Por su parte, especialistas en derecho educativo advierten que, si bien la separación preventiva es una herramienta legal viable, debe ir acompañada de mecanismos que garanticen el debido proceso, para evitar vulneraciones a los derechos laborales cuando no existan pruebas suficientes.
A pesar de estas observaciones, en el Ministerio insisten en que la prioridad es salvaguardar la confianza de la comunidad educativa y eliminar todo factor que ponga en riesgo a la población escolar.
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