El especialista en políticas educativas y miembro de Foro Educativo, Manuel Iguiñiz Echeverría, ha subrayado la urgencia de que el Congreso apruebe esta iniciativa. "El país no puede seguir ignorando a la niñez más vulnerada. Este proyecto ofrece una hoja de ruta legal, pedagógica e institucional para su reinserción al sistema educativo", afirmó.
Un marco legal que prioriza la inclusión y la equidad
El dictamen unificado -resultado de tres iniciativas multipartidarias- propone incorporar dentro de los objetivos de la Educación Básica el compromiso de garantizar la escolaridad de los estudiantes con extraedad o atraso. Esta modificación se incluye en el artículo 31 de la LGE.Uno de los puntos centrales del proyecto es que transfiere explícitamente a la Educación Básica Regular (EBR) la responsabilidad de atender a estos estudiantes, una función que hasta ahora se atribuía a la Educación Básica Alternativa (EBA). Para ello, se reforma el artículo 36 de la LGE, señalando que la EBR atenderá también a menores que ingresaron tarde al sistema o que interrumpieron sus estudios.
Asimismo, el proyecto propone integrar a estos NNA en la Educación Básica Especial, conforme al artículo 39 de la ley, y evita forzar una única trayectoria escolar, manteniendo la posibilidad de ingresar a la EBA desde los 14 años, especialmente para quienes necesitan compatibilizar estudio y trabajo.
Educación flexible, modelos acelerados y docentes capacitados
La propuesta no contempla crear nuevas escuelas, sino habilitar aulas específicas dentro de las ya existentes, que trabajen bajo modelos educativos flexibles, acelerados y personalizados. Según el proyecto, estos Modelos de Servicio Educativo incluirán materiales diseñados para nivelación, así como capacitación docente para trabajar en entornos multigrado y multinivel.Además, se establece la creación de un sistema de información y seguimiento personalizado, con el fin de asegurar que los estudiantes concluyan la educación básica. Este mecanismo estará orientado a monitorear la trayectoria educativa de cada menor reinsertado.
Otra de las modificaciones planteadas es en el ámbito de la Educación Técnico-Productiva, permitiendo el acceso desde los 12 años y otorgando títulos de Auxiliar Técnico y Técnico a nombre del Ministerio de Educación. Estas reformas buscan articular mejor la educación básica con la formación para el trabajo, especialmente para adolescentes que requieren opciones educativas viables a su contexto económico y social.
Iguiñiz exhorta a la aprobación inmediata en el Pleno
Iguiñiz ha llamado a movilizar a la comunidad educativa para exigir que esta propuesta sea debatida y aprobada por el Pleno en la presente legislatura. "No basta con el dictamen favorable. La aprobación en el Congreso es esencial para que esta ley entre en vigor y permita al Ministerio de Educación iniciar su implementación en el segundo semestre de 2025", indicó.El educador también advierte que esta es una oportunidad para revertir la histórica indiferencia del Estado frente a la población escolar más marginada. "Sin esta ley, el sistema seguirá reproduciendo exclusiones que afectan especialmente a los más pobres", puntualizó.
La propuesta legislativa no solo busca modificar la normativa, sino también fomentar un enfoque pedagógico y administrativo coherente con la realidad de miles de estudiantes que hoy están fuera del sistema educativo.
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