Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, solo 443 de los 1.891 alcaldes provinciales y distritales han superado el 30% de ejecución presupuestal en proyectos de inversión al cierre de mayo de 2025. Es decir, un 76% de autoridades locales mantiene sus partidas sin mayor uso en obras públicas.
Municipios con baja ejecución recibirán más fondos
El incremento de recursos proviene del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), aprobado por el Congreso, junto a un nuevo crédito suplementario impulsado por el Ejecutivo. A pesar de los bajos niveles de ejecución, los montos asignados siguen aumentando. Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), advirtió que hay distritos donde la inversión pública apenas roza el 2%. Áncash, Cajamarca, Amazonas y Lima figuran entre las regiones más rezagadas."La ejecución presupuestal no solo es baja, también debe evaluarse la calidad del gasto. Más del 70% de las obras paralizadas están vinculadas a fallas técnicas o administrativas", señaló Espinar.
Mientras tanto, el magisterio sigue relegado
En contraste con los anuncios para los gobiernos locales, el sector docente continúa enfrentando retrasos salariales, carencias logísticas y falta de reconocimiento. La ausencia de medidas concretas desde el Congreso o el MEF hacia este grupo resulta evidente frente a las iniciativas para municipios con pobre desempeño.Gustavo Jiménez, docente de la Universidad del Pacífico, explicó que durante el 2024 los municipios dejaron de comprometer S/ 8.400 millones. De ese total, S/ 6.500 millones eran para obras. En 2023, se devolvieron más de S/ 9.500 millones al Tesoro Público, confirmando la baja capacidad de ejecución.
Incrementos sin criterio técnico
En distritos de Lima Metropolitana, las partidas también han aumentado sin que ello se traduzca en una mejora en la ejecución. La gestión del alcalde de Jesús María, por ejemplo, tiene una ejecución del 13,4% de un presupuesto de S/ 6 millones. En San Isidro, la cifra no alcanza el 10%.La respuesta común entre estas gestiones apunta a que el gasto aumentará en el segundo semestre del año, al concluir los estudios técnicos o tras esperar transferencias del Ejecutivo. Sin embargo, en distritos como Surco y Lince -que sí han superado el 50% de ejecución- los avances muestran que la falta de gasto no es necesariamente estructural.
Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, expresó su preocupación por el reparto de recursos sin considerar el desempeño: "Debería priorizarse a quienes ejecutan más. Si un municipio no gasta, es innecesario darle más dinero".
Expertos advierten debilidades técnicas
Ambos especialistas consultados coinciden en que la raíz del problema está en la débil capacidad técnica de las gestiones locales. Jiménez señaló que la mayoría de municipios no aprovechan herramientas como las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), que permiten ejecutar proyectos de corto plazo."Hay un gran desconocimiento de la norma de inversión pública. Se usa como excusa el tamaño del presupuesto, cuando existen múltiples formas de intervenir en la infraestructura local", puntualizó.
Espinar agregó que más del 70% de los funcionarios municipales carecen de formación para gestionar proyectos de inversión. A ello se suma una alta rotación de personal y la fragmentación del régimen laboral, lo que impide continuidad en las gestiones técnicas.
El desequilibrio presupuestal con los maestros
Mientras se debaten nuevas partidas para municipios que no han ejecutado su presupuesto, los docentes del país continúan a la espera de reformas en remuneración, capacitación y condiciones laborales. A la fecha, no existe una propuesta pública concreta del Congreso ni del Ejecutivo que iguale el impulso dado a las municipalidades.La diferencia en el trato político entre alcaldes y docentes evidencia una falta de prioridad en la agenda nacional hacia el sector educativo. "Resulta contradictorio que se aumenten fondos sin control técnico, mientras se posterga a quienes sostienen el sistema educativo", concluye Espinar.
Con menos del 50% del año ejecutado, el balance muestra un Estado dispuesto a repartir más dinero sin asegurar resultados, al tiempo que posterga la mejora estructural de uno de los sectores más sensibles para el desarrollo del país.
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