
El ataque se registró en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, cuando delincuentes interceptaron una unidad de la línea 52-T, perteneciente a la empresa Etusa. Según testigos, los agresores realizaron al menos cinco disparos contra el vehículo en movimiento. El chofer resultó con heridas leves, mientras los pasajeros lograron ponerse a salvo entre gritos y confusión.
Extorsión y miedo en el transporte público
Vecinos y trabajadores del sector transportista aseguran que no es la primera vez que Etusa es blanco de ataques. La compañía ya había denunciado amenazas de mafias dedicadas a la extorsión, las cuales exigen pagos para permitir la circulación de sus unidades. El último atentado similar ocurrió en San Juan de Lurigancho contra un bus de la misma empresa, lo que evidencia una escalada de violencia que no se ha detenido pese a las medidas anunciadas por el gobierno.Los agentes de la PNP y miembros del Serenazgo llegaron a la zona para acordonar el lugar y recoger declaraciones. Sin embargo, los vecinos denunciaron que los patrullajes son escasos y que los pedidos de mayor vigilancia han sido ignorados. “Ya no se puede trabajar tranquilo. A diario escuchamos disparos y nadie hace nada”, dijo un conductor afectado que prefirió mantener su identidad en reserva.
El contraste: despliegue policial para Keiko Fujimori
Mientras tanto, en Trujillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabezaba un mitin político rodeada de una caravana de buses y un fuerte dispositivo de seguridad. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la presencia de numerosos efectivos policiales, incluyendo a un general identificado como Llerena, resguardando el evento.El despliegue generó críticas y cuestionamientos en redes sociales y entre analistas políticos, quienes se preguntan con qué criterio se moviliza a oficiales de alto rango para garantizar la seguridad de una figura partidaria, mientras la ciudadanía en Lima y otras regiones enfrenta la violencia cotidiana sin la misma protección.
El uso de recursos policiales en actividades proselitistas ha reavivado el debate sobre la neutralidad de las fuerzas del orden. Para varios sectores, el hecho pone en evidencia la relación de poder que Fujimori mantiene con algunos mandos policiales. “Mientras las calles están tomadas por la delincuencia, hay generales cuidando a una candidata. Es una muestra del desbalance en las prioridades del Estado”, expresó un experto en temas de seguridad.
Clima de tensión y llamado al paro
El atentado en Chorrillos se suma a una serie de ataques que han encendido las alarmas en el transporte público. Gremios y asociaciones como la Cámara Internacional de la Industria del Transporte han anunciado un nuevo paro para este martes 4 de noviembre en señal de protesta ante la falta de resultados concretos del estado de emergencia.Martín Ojeda, vocero del gremio, explicó que los transportistas están cansados de promesas sin cumplimiento. “Nos matan, nos extorsionan, y el gobierno solo responde con comunicados”, señaló. Diversas organizaciones del sector evalúan sumarse a la paralización, entre ellas la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú.
Inseguridad y desigualdad en la respuesta estatal
Las estadísticas del Ministerio del Interior registran al menos 28 homicidios vinculados al transporte en las últimas semanas. Pese a ello, el impacto del estado de emergencia parece limitado. Los ataques con armas de fuego, los cobros extorsivos y las amenazas contra conductores son parte del día a día en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Chorrillos.La indignación ciudadana crece al observar el contraste entre la falta de patrullaje en zonas críticas y el despliegue policial para actos políticos. En las redes sociales, decenas de usuarios cuestionaron que se movilicen generales y tropas para garantizar la seguridad de Keiko Fujimori, mientras los ciudadanos comunes deben enfrentar solos la delincuencia.
“Hoy en Lima un chofer es baleado, pero en Trujillo hay un general cuidando a Keiko. ¿Quién protege al pueblo?”, escribió una usuaria en X (antes Twitter), reflejando el sentir de muchos.
La inseguridad continúa siendo uno de los temas más urgentes del país. El doble escenario de la noche -un ataque criminal en Chorrillos y un acto político con despliegue policial en Trujillo- pone en evidencia la desigualdad en la atención del Estado y la necesidad de replantear la estrategia de seguridad nacional.
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@noetgarcia945 así como va para el otro será jajaj
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