La decisión quedó establecida en la resolución N° 03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, en la que se concluye que Patricia Benavides Vargas vulneró principios esenciales del ejercicio profesional, entre ellos la probidad, la transparencia, la veracidad y la buena fe. El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada por Martha Cuentas Anci, directora ejecutiva de la organización Fomento de la Vida (Fovida).
Intervención cuestionada durante su gestión
De acuerdo con el pronunciamiento del Consejo de Ética, Benavides había declarado ante la Junta Nacional de Justicia que no intervendría en procesos donde existiera un vínculo familiar. No obstante, ya en funciones, dispuso el cese de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional, en un contexto en el que se desarrollaba una investigación contra Emma Benavides por presuntos delitos de cohecho y organización criminal.Para el CAL, esta decisión configuró una intervención indirecta incompatible con las obligaciones éticas del abogado. La conducta fue calificada como falta ética grave, lo que motivó la suspensión temporal del ejercicio profesional.
Investigación contra Emma Benavides
La jueza Emma Benavides afronta una investigación fiscal por supuestamente haber recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de resoluciones judiciales favorables. En diciembre de 2023, un reportaje televisivo difundió el testimonio del ciudadano colombiano Percy Coromoto Matos, quien afirmó haber coordinado pagos a través del abogado Walter Mendoza Pérez, presunto intermediario de la magistrada, conocida -según su versión- con el alias de “La Doña”.Quejas desestimadas por el CAL
El Consejo de Ética también desestimó otras denuncias contra Patricia Benavides, como la aceptación de una condecoración otorgada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al no acreditarse un vínculo procesal directo. Asimismo, descartó cuestionamientos relacionados con la exhibición de sus tesis académicas y una presunta pertenencia a una organización criminal, invocando la ausencia de sentencia firme y el principio de presunción de inocencia.La resolución precisa que la sanción impuesta puede ser impugnada dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación.
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