La propuesta fue impulsada por el congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, del Grupo Parlamentario Acción Popular, y se sustenta en las atribuciones que la Constitución otorga al Parlamento para legislar en materia laboral y educativa. El texto legal señala que la modificación busca atender situaciones generadas en los últimos años por la aplicación parcial de normas anteriores relacionadas con el nombramiento docente.
Alcance de la modificación planteada
El proyecto propone modificar la primera disposición complementaria final de la Ley 32171 para precisar que las universidades públicas podrán implementar el nombramiento considerando a los docentes con vínculo laboral vigente hasta el semestre académico 2025-2. Asimismo, incluye a aquellos docentes contratados hasta el semestre 2023-2 y a quienes cuenten con resolución de nombramiento emitida en el marco de la Ley 31349.Según el texto presentado, esta precisión normativa permitiría cerrar brechas administrativas que han impedido la culminación de procesos iniciados en años anteriores. En ese contexto, el nombramiento de docentes contratados se mantendría dentro de un marco excepcional y condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Contexto laboral en las universidades públicas
La exposición de motivos del proyecto señala que una proporción considerable de la plana docente de las universidades públicas se encuentra bajo la modalidad de contrato. De acuerdo con informes oficiales citados en el documento, más del 60 % de los puestos docentes a nivel nacional han sido ocupados por profesores contratados, una situación que se replica con mayor intensidad en Lima y en las regiones de la costa.Esta realidad ha generado una alta rotación de personal académico y limitaciones en la continuidad de los procesos de enseñanza, investigación y gestión universitaria. El proyecto sostiene que la falta de estabilidad laboral afecta tanto a los docentes como a los estudiantes, especialmente en instituciones que han ampliado su oferta académica sin contar con plazas ordinarias suficientes.
Aspectos presupuestales y administrativos
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la modificación propuesta no demandaría recursos adicionales al Tesoro Público. El artículo referido al financiamiento autoriza al Ministerio de Educación a realizar modificaciones presupuestales a nivel institucional, en el marco del presupuesto existente de las universidades públicas involucradas.Además, el proyecto plantea exceptuar a las universidades de la presentación de ciertos documentos de gestión, como el Cuadro de Asignación de Personal y el Presupuesto Analítico de Personal, requisitos que en procesos anteriores fueron señalados como obstáculos para ejecutar los nombramientos. Esta medida busca agilizar la implementación de la norma sin contravenir el equilibrio fiscal.
Vinculación con el marco constitucional
El texto legislativo también desarrolla su sustento en el derecho a la educación superior y en el principio de igualdad en el ámbito laboral. Se recuerda que la Constitución reconoce a la educación universitaria como un servicio público y establece la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas para su prestación.Asimismo, se citan pronunciamientos del Tribunal Constitucional relacionados con la igualdad de oportunidades y la prohibición de discriminación en el empleo. Desde esta perspectiva, el proyecto plantea que la permanencia prolongada de docentes bajo contratos temporales podría generar un trato diferenciado frente a quienes accedieron a plazas ordinarias mediante procesos de nombramiento.
Relación con la agenda legislativa
La iniciativa se enmarca en la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2025-2026 y guarda relación con las políticas de Estado vinculadas al acceso universal a una educación pública de calidad. En particular, se alinea con los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional respecto al fortalecimiento de la educación superior y la revaloración de la carrera docente.De ser aprobada, la modificación permitiría a las universidades públicas avanzar en la regularización de su personal académico, respetando los criterios legales y administrativos vigentes. El proyecto continuará su trámite en las comisiones correspondientes del Congreso, donde será evaluado antes de ser sometido al debate en el Pleno.
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