El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que el desembolso de aproximadamente 2 mil millones de dólares se efectuaría hoy, al tratarse -según indicó- de la fecha límite establecida en el contrato inicial. Con ello, se avanzaría en la adquisición de un primer lote de 12 aeronaves, además de armamento, equipos de mantenimiento y capacitación para personal técnico y pilotos.
La afirmación contrasta con lo expresado horas antes por el presidente José María Balcázar, quien durante un mensaje a la Nación reiteró que la decisión final sobre la compra de los aviones F-16 será trasladada al próximo gobierno. El mandatario argumentó que su gestión prioriza otras demandas urgentes y evitó comprometer recursos públicos en un contexto de brechas sociales.
Posturas enfrentadas sobre la compra de aviones F-16
El jefe de Estado insistió en que el alto costo de la operación es uno de los factores determinantes para postergar cualquier desembolso. En esa línea, remarcó que su administración busca asegurar el uso racional de los recursos del Estado ante necesidades acumuladas en sectores como salud, educación e infraestructura.“Los dineros del Estado deben emplearse de manera adecuada y razonable, en concordancia con las brechas sociales que tenemos que cubrir”, sostuvo Balcázar, al justificar su decisión de no avanzar con la adquisición durante su mandato.
Sin embargo, desde el Congreso, Rospigliosi planteó un escenario distinto al afirmar que el proceso ya se encuentra en fase de ejecución financiera. Según explicó, el pago permitiría concretar una parte inicial del acuerdo que incluye no solo las aeronaves, sino también un paquete integral de soporte logístico y formación especializada.
Contrato de los F-16 y antecedentes del proceso
El proceso de compra de los aviones F-16 se remonta a gestiones anteriores. El acuerdo comenzó durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, continuó en la administración de José Jerí y se proyectaba su ejecución durante el actual gobierno.No obstante, el proceso ha estado marcado por cuestionamientos. La reciente salida del ministro de Defensa y del canciller Hugo de Zela se produjo en medio de críticas por la transparencia y condiciones del contrato para la adquisición de los aviones de combate estadounidenses.
Estos cambios en el gabinete se dieron mientras distintos sectores políticos y analistas advertían sobre la necesidad de revisar los términos del acuerdo, tanto por su impacto fiscal como por las prioridades del gasto público.
Impacto fiscal y debate político
El eventual desembolso de 2 mil millones de dólares representa una de las mayores inversiones en defensa en los últimos años. Especialistas han señalado que una operación de este tipo implica compromisos de largo plazo, no solo por la compra inicial, sino también por los costos de mantenimiento, operación y actualización tecnológica de los F-16.En ese contexto, la discrepancia entre el Ejecutivo y el Legislativo abre un nuevo frente de tensión política. Mientras el gobierno insiste en postergar la decisión, desde el Congreso se plantea que el proceso ya habría alcanzado un punto de no retorno en términos contractuales.
El anuncio de Rospigliosi también genera interrogantes sobre la coordinación entre poderes del Estado en decisiones de alto impacto económico. Hasta el momento, el MEF no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la ejecución del pago en la fecha señalada.
Incertidumbre sobre la ejecución del pago
La falta de claridad sobre si el desembolso se concretará hoy mantiene en suspenso el futuro inmediato de la compra de los aviones F-16. De ejecutarse, implicaría avanzar en un proceso que el propio Ejecutivo ha señalado que debería ser evaluado por la próxima administración.Por el contrario, si el pago no se realiza, el contrato podría enfrentar revisiones o eventuales renegociaciones, lo que prolongaría la incertidumbre sobre la modernización de la flota aérea militar.
En medio de este escenario, la adquisición de los F-16 se mantiene como uno de los temas más sensibles de la agenda pública, al combinar factores de defensa nacional, sostenibilidad fiscal y disputa política.
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