En una columna publicada en La República, Ricardo Cuenca sostuvo que las cifras oficiales sobre violencia sexual en el país muestran un escenario crítico que no admite interpretaciones parciales. Citó datos difundidos por Ojo Público según los cuales, entre 2019 y 2023, los Centros de Emergencia Mujer reportaron 48.609 víctimas de violación sexual en el Perú. Sin embargo, solo el 23,4% recibió el kit de atención de emergencia contemplado por el Estado.
El Investigador recordó además que, durante algunos años, la entrega de estos kits cayó hasta el 7,2%, pese a tratarse de una medida prevista para la atención inmediata de víctimas de violencia sexual. Para Cuenca, la discusión sobre educación sexual no puede desligarse de estas cifras ni de los problemas estructurales vinculados a prevención y atención estatal.
Violencia sexual escolar y embarazo adolescente en cifras
En su análisis, Ricardo Cuenca señaló que el 2024 registró la cifra más alta de violencia sexual escolar desde la creación de la plataforma SíseVe. Según indicó, se reportaron cerca de 4.000 casos en un año y más de la mitad involucró a personal docente o administrativo de instituciones educativas.El Educador también destacó que adolescentes entre 12 y 17 años concentran entre el 42% y el 50% de los casos de violencia sexual reportados en los Centros de Emergencia Mujer. Además, recordó que las denuncias en ese grupo etario se duplicaron entre 2018 y 2022.
Otro dato incluido en el análisis corresponde a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI. Según esas cifras, el 9,2% de adolescentes entre 15 y 19 años ya era madre o se encontraba embarazada durante 2022.
Para Cuenca, este contexto fue precisamente el que llevó a elaborar la política de Educación Sexual Integral aprobada en 2021. Indicó que aquella propuesta se construyó con participación de equipos técnicos y tomando como referencia evidencia internacional vinculada a salud pública y derechos de estudiantes.
Críticas a la nueva norma del Ministerio de Educación
El Ex Ministro afirmó que la nueva normativa surge tras la aprobación de la Ley 32535 en el Congreso, disposición que ordena retirar toda referencia a la Educación Sexual Integral. Según explicó, el nuevo término adoptado por el Ministerio de Educación no tiene antecedentes en estándares internacionales y supone un reemplazo conceptual más que una actualización técnica.En ese punto, Ricardo Cuenca citó declaraciones previas de la ex congresista Nani Pease, quien señaló que las modificaciones respondían a presiones políticas impulsadas por sectores conservadores y religiosos.
El Investigador advirtió además que la nueva norma elimina componentes vinculados al enfoque de igualdad de género y a la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género. Sobre este punto, recordó cifras del Estudio sobre Clima Escolar en el Perú de Promsex, según las cuales el 70% de estudiantes LGBTI manifestó sentirse inseguro dentro de la escuela debido a su orientación sexual.
Según Cuenca, la eliminación de estos enfoques limita la capacidad del sistema educativo para identificar situaciones de violencia y actuar preventivamente. “Lo que no tiene nombre en la política educativa no puede ser identificado ni detenido”, señaló en su artículo.
Uso político de la evidencia y efectos en políticas públicas
El análisis de Ricardo Cuenca también aborda el uso de evidencia en la formulación de políticas públicas. El Educador citó al investigador Justin Parkhurst, de la London School of Economics, quien describe cómo algunos gobiernos seleccionan únicamente los datos que respaldan decisiones previamente tomadas, dejando de lado los marcos interpretativos recomendados por la propia evidencia.Para el Ex Ministro, eso ocurre con la nueva política educativa del Minedu. Según explicó, la norma utiliza cifras sobre violencia sexual para justificar su implementación, pero elimina herramientas y enfoques que organismos internacionales consideran necesarios para prevenir esos casos.
El Investigador recordó además que organizaciones de derechos humanos han advertido ante instancias internacionales que la falta de acceso a la Educación Sexual Integral constituye una barrera para detectar y prevenir violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables.
En la parte final de su análisis, Ricardo Cuenca sostuvo que el cambio normativo no responde a nuevos hallazgos pedagógicos ni a evidencia distinta sobre educación sexual, sino a modificaciones en las correlaciones políticas dentro del país. Según afirmó, el riesgo es que las principales consecuencias recaigan nuevamente sobre las víctimas que el sistema estatal no logra atender de manera adecuada.
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