La decisión de S&P Global Ratings se basa en el análisis de un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno, factores que afectan la confianza de los inversionistas y limitan la capacidad de Perú para implementar políticas que impulsen el crecimiento económico y la inversión. Además, la persistente incertidumbre política representa un costo de oportunidad para el crecimiento, a pesar de las condiciones favorables del mercado del cobre.
Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, destaca que esta calificación es la más baja desde el 2011, lo que evidencia el impacto directo de la política en la economía del país. Fuentes advierte que esta situación podría afectar el costo de financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas peruanas, ralentizando la recuperación económica y generando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El ministro Arista reconoció recientemente que Perú no logrará cumplir con la meta de déficit fiscal del 2% del PBI este año, lo que agrega presión adicional sobre la situación fiscal del país. S&P Global Ratings estima que alcanzar este objetivo no será posible hasta el 2027.
A pesar de esta rebaja, S&P Global Ratings espera una recuperación económica moderada para Perú en los próximos años, con un crecimiento del 2,7% proyectado para el año 2024. Sin embargo, esta perspectiva estable incorpora déficits fiscales que podrían resultar en un aumento leve de la deuda neta del Gobierno general.
La decisión de S&P Global Ratings podría tener repercusiones en otras agencias calificadoras, ya que la identificación de riesgos estructurales puede influir en evaluaciones futuras. Esto subraya la necesidad de abordar la incertidumbre política para proteger la estabilidad financiera del país.
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