Congreso le da una mano al crimen organizado: aprueban ley que exige allanamientos con presencia del involucrado y su abogado



Congreso le da una mano al crimen organizado: aprueban ley que exige allanamientos con presencia del involucrado y su abogado
El Congreso de la República aprobó en segunda y definitiva votación una controvertida ley que modifica la definición de crimen organizado y establece que los allanamientos deben realizarse con la presencia del investigado y su abogado. La reciente medida del Congreso, aunque no sorprendente a la población, ha sido duramente criticada por expertos en derecho penal y representantes de diversas instituciones del Estado. Ellos argumentan que la nueva normativa podría facilitar las actividades del crimen organizado en el país.

La propuesta, impulsada por el congresista Américo Gonza de Perú Libre, fue aprobada con 12 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones en la Comisión Permanente del Congreso. Según informó ElComercio.pe, la ley redefine qué se considera una organización criminal, elevando los estándares para que un grupo delictivo sea clasificado como tal. Ahora, se requiere que estos grupos tengan una estructura compleja y una mayor capacidad operativa, además de estar integrados por al menos tres personas que colaboren de manera concertada para cometer delitos sancionados con más de seis años de cárcel.

Críticas a la modificación de la ley

Diversos expertos y congresistas han expresado su preocupación por las implicaciones de esta ley. Según recoge ElComercio.pe, la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático - Juntos por el Perú criticó que la modificación dificulta la persecución de crímenes organizados y podría impedir que las investigaciones avancen. "Están elevando los estándares para considerar un grupo como una organización criminal, lo cual complica la labor de las autoridades para perseguir estos delitos", afirmó Luque.

Por su parte, Susel Paredes, también de Cambio Democrático, cuestionó la exigencia de la presencia del abogado durante los allanamientos. Según informó ElComercio.pe, Paredes argumentó que esta medida permitirá a los delincuentes prepararse y ocultar pruebas antes de que las autoridades puedan actuar. "El allanamiento debe ser sorpresivo para ser efectivo. Con esta norma, se les da tiempo a los criminales para encubrir sus actividades", añadió Paredes.

Reacciones de las autoridades

El abogado penalista Vladimir Padilla manifestó que la nueva normativa pone trabas innecesarias al trabajo del Ministerio Público. "Obliga a que la fiscalía notifique a los sospechosos antes de realizar un allanamiento, lo cual es absurdo y dificulta la persecución de delitos", comentó Padilla a ElComercio.pe. Añadió que la ley impone mayores requisitos para calificar a un grupo como organización criminal, lo que podría permitir que muchos delitos queden impunes.

Asimismo, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado señaló que la ley va en contra de los compromisos internacionales del Perú en la lucha contra el crimen organizado. Según el reportaje, Maldonado afirmó que la medida socava los esfuerzos del país para cumplir con la Convención de Palermo, la cual exige estándares más estrictos para combatir el crimen organizado transnacional.

Impacto en la lucha contra la corrupción

La abogada penalista Liliana Calderón también advirtió sobre los riesgos que representa la nueva ley para la lucha contra la corrupción. Calderón explicó que la normativa limita la definición de organización criminal a grupos con estructuras complejas y excluye delitos con penas menores a seis años, lo que deja fuera a muchos casos de corrupción de funcionarios. "Esta ley pone en riesgo los casos en curso y puede facilitar la impunidad en casos de corrupción", enfatizó Calderón.

De otro lado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú han expresado su desacuerdo con la ley, argumentando que debilita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y restringe el acceso a información crucial sobre los movimientos bancarios de los sospechosos.

La aprobación de esta ley ha generado un amplio debate y preocupación sobre sus posibles efectos en la capacidad de las autoridades para combatir el crimen organizado y la corrupción en el país. Se espera que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado continúen evaluando y discutiendo las implicaciones de esta normativa en los próximos meses.




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