Un plazo extendido para la regularización docente
El Decreto de Urgencia N. º 002-2020 establecía inicialmente un periodo de cinco años para que los docentes sin título regularizaran su situación académica. Sin embargo, la nueva propuesta legislativa otorga dos años adicionales, lo que permitiría que estos profesores puedan mantenerse en sus puestos hasta 2027.La justificación principal de esta ampliación es la interrupción causada por la pandemia, que dificultó a muchos docentes culminar su formación. En este sentido, el exministro de Educación, Idel Vexler, considera que la extensión es necesaria y justa. "Las carreras pedagógicas suelen durar cinco años y la pandemia alteró los planes de muchos docentes. Esta ampliación les brinda la oportunidad de regularizar su situación sin perder su trabajo", declaró Vexler.
No obstante, también advirtió que esta debería ser la última prórroga, ya que continuar extendiendo plazos podría generar un precedente negativo en la profesionalización de la docencia. "Los colegios privados deben hacer notar a los docentes que esta es su última oportunidad para cumplir con el requisito de titulación", agregó.
Críticas sobre la perpetuación de la informalidad
Por otro lado, Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha expresado preocupaciones sobre los efectos negativos que podría tener la nueva medida en el sector educativo. Según Mejía, la extensión del plazo podría contribuir a la informalidad laboral y comprometer la calidad del servicio educativo."La prórroga favorece un sistema en el que los docentes continúan ejerciendo sin la preparación adecuada, lo que afecta directamente a la calidad de la enseñanza", afirmó. Además, comparó la situación con lo sucedido en la educación universitaria, donde medidas similares han permitido que docentes sin los requisitos necesarios sigan impartiendo clases de manera indefinida.
Según cifras del sector educativo, aproximadamente un 30% de los docentes de colegios privados continúan sin título desde el inicio de la pandemia. Para Mejía, esta cifra demuestra que la extensión de plazos no ha incentivado la regularización, sino que ha promovido la permanencia de un problema estructural en el sistema educativo privado.
Un debate que sigue en el Congreso
El debate sobre la calidad educativa en colegios privados se ha visto aún más afectado por la reciente suspensión de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, programada para discutir una propuesta de supervisión de los requisitos docentes en instituciones privadas. La sesión fue suspendida debido a la ausencia de Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, lo que ha retrasado la discusión sobre mecanismos para fiscalizar la calidad de la educación impartida en estos centros.La iniciativa del Congreso busca garantizar que los docentes en colegios privados cumplan con el requisito de contar con un título pedagógico o profesional. Sin embargo, su aprobación depende de una segunda votación que fue postergada sin nueva fecha programada.
Perspectivas sobre el futuro de la educación privada
El proyecto de ley que extiende el plazo hasta 2027 ha despertado un amplio debate sobre la dirección que tomará la educación privada en los próximos años. Mientras algunos ven la medida como una oportunidad para que los docentes regularicen su situación sin afectar su estabilidad laboral, otros consideran que perpetúa un problema de informalidad que podría afectar a futuras generaciones de estudiantes.En este contexto, los colegios privados juegan un papel clave, ya que la normativa vigente establece que deben garantizar la calidad de la enseñanza que ofrecen. Sin embargo, la supervisión de estos requisitos ha sido un tema recurrente en el Congreso, con debates que a menudo se ven interrumpidos o postergados.
Por ahora, la decisión final está en manos del Congreso, que en los próximos días deberá someter a segunda votación la propuesta para definir si la extensión del plazo se hace oficial. Mientras tanto, miles de docentes sin título continúan a la espera de una resolución que determinará su futuro profesional y el de la educación en el país.
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