Según el proyecto, el Congreso de la República tendrá que realizar un análisis costo-beneficio antes de aprobar un nuevo feriado. Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá aplicar un Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante para evaluar la conveniencia de establecer días no laborables compensables en el sector público. Además, se establece que los Gobiernos Regionales y Locales no tendrán competencia para declarar este tipo de días.
Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que los feriados nacionales que coincidan con días laborables se trasladarían al viernes más próximo, con excepción de las fiestas patrias, festividades religiosas y el inicio del año. Esta medida busca reducir la fragmentación en la jornada laboral y mejorar la eficiencia económica.
La Defensoría del Pueblo sustenta su propuesta en la necesidad de evitar distorsiones económicas provocadas por el exceso de días feriados, los cuales pueden afectar la inversión privada, la actividad empresarial y el acceso a servicios públicos. Según el organismo, el Perú es uno de los países con mayor cantidad de feriados en la región, lo que impacta en su competitividad y en el desempeño económico.
La iniciativa también precisa que la competencia para declarar feriados nacionales corresponderá exclusivamente al Congreso de la República, mientras que la Presidencia de la República, mediante decreto supremo, podrá determinar días no laborables compensables en el sector público, los cuales serán recuperados en el sábado siguiente.
Con esta regulación, se busca garantizar que la aprobación de nuevos feriados responda a criterios técnicos y no solo a intereses coyunturales. La propuesta ahora deberá ser debatida en el Congreso antes de su eventual aprobación.
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