Según el analista, el Ejecutivo ha retomado la fórmula de los actos protocolares para reforzar sus vínculos con el Parlamento, incluso si esto implica priorizar gestos por encima de reformas urgentes. Esta táctica, lejos de ser nueva, responde a la necesidad de asegurar respaldo político en un escenario donde varios ministros enfrentan pedidos de interpelación y donde el equilibrio de fuerzas es cada vez más inestable.
La necesidad de asegurar votos en medio de tensiones políticas
En medio de un escenario político cada vez más volátil, el Ejecutivo ha decidido retomar una práctica ya conocida: entregar "trofeos de guerra" al Congreso como gesto de buena voluntad y símbolo de alianza. Este tipo de actos simbólicos, usualmente cargados de pomposidad, se presentan como una estrategia para conservar respaldo parlamentario en momentos críticos, especialmente cuando varios ministros enfrentan pedidos de interpelación.
El gesto más reciente ha sido la promulgación con gran ceremonia de la ley que regula la fiscalización de ONG y entidades que reciben cooperación internacional. Aunque esta norma no forma parte de los temas más urgentes que enfrenta el país, como la inseguridad ciudadana o la crisis judicial, ha sido elevada a la categoría de hito político para mostrar una aparente sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Silencios estratégicos frente a la pasividad legislativa
Mientras se exhiben estas ceremonias protocolares, se observa un preocupante silencio del gobierno frente al estancamiento de leyes clave. La ley para crear un sistema nacional especializado en casos de flagrancia delictiva, propuesta desde mayo del 2024, sigue sin ser aprobada. Este proyecto, impulsado por el propio Ejecutivo, ha quedado relegado sin una sola manifestación de protesta por parte de la presidenta o su gabinete.
De igual forma, el Congreso ha aprobado una norma que desnaturaliza el concepto de extinción de dominio, debilitando la lucha contra el crimen organizado. Pese a las serias implicancias, solo ha habido un tibio pronunciamiento del Ministerio de Justicia. Para el analista político Martín Hidalgo Bustamante, este tipo de omisiones refleja una estrategia en la que el gobierno prioriza la supervivencia política a corto plazo, sacrificando avances legislativos urgentes y necesarios.
El precio del respaldo parlamentario
El Ejecutivo parece estar dispuesto a ceder posiciones clave con tal de prolongar su mandato hasta el 2026. Sin embargo, en su análisis, Martin Hidalgo Bustamante cuestiona si esta estrategia de apaciguamiento no terminará por volverse en contra del gobierno. El Congreso, asegura, es un actor impredecible, especialmente en contextos electorales. Las votaciones de interpelación que se avecinan podrían marcar un punto de quiebre si los aliados circunstanciales deciden cambiar de bando.
Lo que se está gestando es una gobernabilidad sostenida en apariencias, donde las fotos oficiales pesan más que los resultados legislativos. Si el gobierno no retoma el liderazgo político con una agenda clara y firme, la alianza con el Parlamento podría convertirse en una trampa de la que será difícil salir sin consecuencias institucionales.
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