¿Se reducirá realmente el IGV en el Perú?
Esa es la pregunta que ha encendido el debate político y económico en las últimas semanas. Aunque en apariencia se trata de una reforma técnica, la reciente norma aprobada por el Congreso -que modifica la distribución interna del Impuesto General a las Ventas- ha desatado una ola de críticas por su trasfondo político y la falta de análisis técnico. Más aún, una segunda propuesta en debate, que sí contempla una reducción temporal del IGV, añade más incertidumbre al panorama fiscal del país.Redistribución del IGV: ¿beneficio para municipios o estrategia electoral?
La reciente ley aprobada por el Congreso modifica el reparto del IGV sin alterar su tasa del 18%. Según el nuevo esquema, el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) pasará progresivamente del 2% al 4% hasta el 2029, reduciendo la participación del Tesoro Público. Esta medida, en teoría, incrementará los fondos destinados al Foncomun, que beneficia a municipios provinciales y distritales.Sin embargo, el periodista Martín Hidalgo Bustamante advierte que esta norma, impulsada por bloques como Alianza para el Progreso y Somos Perú, favorece a partidos con mayor presencia en gobiernos subnacionales. "Una mayor inyección de dinero a las arcas municipales beneficia a los partidos con mayor número de autoridades a escala subnacional", señala Hidalgo en su análisis, cuestionando el objetivo real detrás de la norma.
La ley fue aprobada pese a las serias advertencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya opinión técnica fue ignorada en el debate parlamentario. Solo las asociaciones de municipios -claramente interesadas en el aumento de recursos- respaldaron la norma. "Se trata de una decisión que debilita la institucionalidad y responde más a cálculos políticos que a necesidades técnicas", apunta el economista Waldo Mendoza, quien estima que la medida costará al Estado unos S/10.000 millones anuales.
¿Y la reducción del IGV? Una propuesta en debate y muchas dudas
Mientras la redistribución ya es una realidad pendiente de promulgación, una segunda propuesta, aún en comisión, plantea una reducción temporal del IGV. Esta rebaja estaría orientada a estimular el consumo e impulsar la inversión privada, compensando la pérdida de recaudación con un alza temporal del Impuesto a la Renta (IR).El congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, ha respaldado ambos proyectos. Pero expertos como Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, señalan que una reducción del IGV acompañada de un aumento del IR genera distorsiones y desincentiva la inversión. "Son medidas adoptadas con visión política de corto plazo, sin considerar el impacto fiscal y la baja capacidad de ejecución de los municipios", advierte.
El periodista Hidalgo hace un llamado a evaluar con seriedad las implicancias: "Bajo un escenario donde solo 4 de 1.800 municipios ejecutaron el 100% de sus presupuestos en 2024, ¿qué sentido tiene transferirles más dinero sin exigir mejoras de gestión?". Para él, esta norma parece más un "premio consuelo" a los alcaldes, ante el fracaso del Congreso en aprobar su reelección inmediata.
¿Quién gana realmente con estas reformas?
Más allá del debate técnico, lo que queda claro es que el manejo del IGV se ha convertido en una herramienta política. Hidalgo cuestiona que se recurra a este tipo de normas en pleno año preelectoral, sin garantizar transparencia ni eficiencia en el gasto público. "El Congreso promueve esta ley como un triunfo de la descentralización, pero en realidad, puede ser la puerta abierta a un nuevo ciclo de clientelismo político", afirma.Por su parte, el economista Jorge González Izquierdo ha advertido en medios nacionales que aumentar recursos sin mejorar la gestión puede derivar en "derroche y debilitamiento del sistema tributario". La sostenibilidad fiscal, según muchos especialistas, está siendo puesta en riesgo por medidas de corte populista disfrazadas de reforma fiscal.
En suma, el IGV no se reducirá todavía, pero su transformación ya genera serias preocupaciones. Y si el Congreso insiste en avanzar con la reducción real de este impuesto sin una reforma técnica integral, podría no solo debilitar las arcas del Estado, sino también minar aún más la ya golpeada confianza ciudadana en las instituciones.
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