Aguinaldo magisterial bajo la lona
El aguinaldo destinado a los docentes se rige por lo establecido en el Decreto Supremo N° 283-2025-EF, que detalla el mecanismo aplicable al sector educativo. Según la norma, el pago se calcula en función de lo dispuesto por la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial, la cual determina que los docentes con jornada completa deben recibir un monto no inferior al estipulado en el literal correspondiente de la Ley N.° 32185. Bajo este marco, el Ejecutivo fijó para este año un aguinaldo de S/300, cifra que varios sindicatos consideraron insuficiente frente al incremento sostenido del costo de vida.Para los trabajadores que desempeñan labores a tiempo parcial o bajo una jornada incompleta, la disposición establece que el aguinaldo será aplicado de manera proporcional. La responsabilidad de calcular y garantizar el pago recae en las oficinas de administración de cada entidad. Este punto ha generado preocupación entre algunos especialistas, quienes advierten la posibilidad de retrasos o errores administrativos en la ejecución.
El contraste con las asignaciones del Parlamento
Mientras los docentes mantienen reclamos por mejoras salariales y condiciones de trabajo, en el Congreso se confirmó un paquete de beneficios económicos que asciende a S/46,900 por legislador. La información, difundida por un reportaje periodístico, detalla que este monto se compone por distintos conceptos establecidos en los lineamientos internos del Parlamento y sustentados en un convenio colectivo vigente hasta 2025.Entre los componentes del beneficio figuran el sueldo mensual de S/15,600, la gratificación de S/15,600, el bono por función congresal de S/11,000, y la asignación por semana de representación de S/2,800. A ello se suma la adquisición de tarjetas electrónicas navideñas valorizadas en S/1,900 cada una. Este último beneficio también se extiende a los trabajadores del Parlamento como parte de un paquete institucional de fin de año.
Incremento sostenido en las tarjetas electrónicas
De acuerdo con la investigación difundida, el valor de estas tarjetas ha aumentado en los últimos años. Entre 2020 y 2021 el monto era de S/1,500, mientras que en 2022 y 2023 subió a S/1,700. En 2024 se elevó a S/1,900, cantidad que se mantiene para este periodo. En total, el Congreso adquirió 4,500 tarjetas, lo que significa un gasto cercano a S/8.55 millones.La diferencia entre los beneficios otorgados al magisterio y los que recibe el Parlamento se ha convertido en un nuevo punto de crítica hacia la gestión interna de la institución legislativa. Según el reportaje, entre 2023 y 2025 la entrega de tarjetas demandó más de S/24 millones. Voces expertas han cuestionado este tipo de desembolsos argumentando que, ante las necesidades presupuestarias del país, deberían revisarse los criterios de asignación y los alcances de los convenios colectivos.
Reacciones y cuestionamientos públicos
En paralelo, los docentes cesantes y jubilados han reiterado que continúan a la espera de mejoras en sus pensiones. Sus representantes señalan que la diferencia entre los beneficios otorgados al Parlamento y los montos asignados al sector educación evidencia la falta de avances en los compromisos vinculados a la actualización de sus haberes. Diversas organizaciones han recordado que mantienen solicitudes pendientes ante el Ejecutivo y el Congreso para alcanzar una pensión que permita cubrir gastos básicos y garantizar condiciones mínimas de estabilidad.Distintos analistas y ciudadanos han comentado la disparidad de los montos. Uno de ellos, Iván García, señaló que el Parlamento sigue alejándose de los principios de austeridad que se demandan en el escenario económico actual. En su análisis, remarcó que el país enfrenta dificultades fiscales y que las prioridades presupuestarias deberían orientarse hacia sectores como educación, salud y servicios básicos.
En diversas regiones, representantes del sector educativo mostraron su malestar por el aguinaldo fijado. Para algunos dirigentes, el monto de S/300 no guarda relación con las exigencias laborales ni con los compromisos asumidos en negociaciones previas. Asimismo, consideran que la brecha entre los beneficios del magisterio y los del Parlamento evidencia la necesidad de una revisión más profunda de las políticas remunerativas del Estado.
Especialistas en finanzas públicas también han señalado que los convenios colectivos deberían evaluarse con mayor transparencia. Sostienen que, aunque se trata de acuerdos legalmente respaldados, su impacto financiero requiere procesos más estrictos que involucren evaluaciones técnicas y la participación de entidades de control.
Un debate que vuelve cada fin de año
La discusión sobre los beneficios navideños del Congreso no es nueva. Cada diciembre reaparecen cuestionamientos sobre la magnitud de los montos y su pertinencia. En contraste, el sector docente mantiene solicitudes por incrementos salariales, mejoras en infraestructura educativa y acceso a recursos pedagógicos. La brecha entre ambos escenarios vuelve a estar en el centro de la conversación pública, especialmente ante un contexto económico que exige medidas de racionalidad en el gasto estatal.Aunque las disposiciones para el magisterio y el Congreso parten de marcos normativos distintos, la percepción ciudadana se inclina hacia la necesidad de revisar estos contrastes. Mientras tanto, el aguinaldo de S/300 para los docentes y los más de S/46,900 para cada congresista seguirán marcando la agenda pública en las próximas semanas.
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