Desde esta perspectiva, el debate sobre los teléfonos celulares en la escuela debe centrarse en cómo los docentes pueden transformar un elemento disruptivo en una herramienta de aprendizaje asistido, capaz de fortalecer las competencias digitales críticas que exige el siglo XXI. Este enfoque cobra especial relevancia luego de que el Ministerio de Educación (MINEDU) abriera a consulta pública el proyecto de Reglamento de la Ley N.º 32385, mediante la R. M. N.º 052-2026-MINEDU, normativa que busca regular el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones y programas de la Educación Básica a nivel nacional. En su análisis, Gonzales enfatiza que la educación no puede permanecer ajena a la realidad digital de los estudiantes, pero sí debe asumir un rol activo de mediación pedagógica y acompañamiento docente para que la tecnología contribuya al aprendizaje y no a la dispersión.
El aula como espacio de atención profunda y formación integral
El investigador advierte que la escuela se ha convertido en uno de los últimos espacios donde aún es posible cultivar la atención profunda, el pensamiento crítico y la interacción humana directa. La presencia constante de dispositivos móviles, sin una regulación adecuada, ha fragmentado la experiencia educativa, afectando no solo el rendimiento académico, sino también la socialización y el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes.En ese marco, Fidel Gonzales hace un análisis del proyecto de Reglamento de la Ley N.º 32385 (R. M. N.º 052-2026-MINEDU), que busca regular el uso de teléfonos celulares en la Educación Básica en el Perú. Según el especialista, la norma representa un avance significativo porque reconoce la necesidad de establecer límites claros sin caer en una prohibición absoluta.
El educador advierte que esta regulación responde a una preocupación legítima: la protección integral del estudiante. No se trata únicamente de mejorar las calificaciones mediante evaluaciones rigurosas, sino de prevenir problemáticas como el ciberacoso, la sobreexposición digital y los riesgos asociados a la salud emocional y cognitiva. En este sentido, la normativa busca equilibrar el acceso a la tecnología con el bienestar y la seguridad de la comunidad educativa.
Tecnología con sentido pedagógico: el rol clave del docente
Uno de los aspectos más relevantes del Reglamento es la distinción que establece entre el uso recreativo y el uso educativo del dispositivo móvil. El artículo 4 limita su utilización durante las clases, pero permite excepciones cuando existe una planificación pedagógica debidamente sustentada, así como en casos de salud o discapacidad.En su análisis, Fidel Gonzales cuestiona las prácticas improvisadas que incorporan tecnología sin objetivos claros. Para el especialista, el “acompañamiento docente” es el eslabón perdido en muchas políticas de integración digital. Sin orientación, el dispositivo se convierte en distractor; con mediación pedagógica, puede ser un potente recurso para el aprendizaje significativo y el desarrollo de la competencia TIC.
El investigador sostiene que el verdadero reto está en capacitar a los docentes para diseñar experiencias de aprendizaje asistido, donde el móvil funcione como herramienta para investigar, crear, colaborar y reflexionar. Así, la tecnología deja de ser un fin en sí misma y se convierte en un medio para potenciar habilidades clave como el pensamiento crítico, la alfabetización digital y la ciudadanía responsable.
Responsabilidad compartida y brecha digital
Otro punto central del análisis de Gonzales es la responsabilidad compartida entre escuela y familia. El Reglamento asigna a los padres un rol activo en la promoción del uso seguro y responsable de la tecnología, recordando que la educación digital comienza en el hogar. La escuela, por sí sola, no puede enfrentar los desafíos de la cultura digital contemporánea.El especialista también advierte sobre la paradoja tecnológica del país: mientras más del 95 % de los hogares cuenta con telefonía móvil, persiste una profunda brecha digital en el acceso a internet educativo, especialmente en zonas rurales. Para Gonzales, esta normativa debe ser el punto de partida para una política más amplia de inclusión digital, donde la tecnología sea un habilitador de oportunidades y no un factor que amplifique las desigualdades existentes.
Hacia una educación más humana y consciente
Finalmente, Fidel Gonzales hace un llamado a la comunidad educativa a comprender esta regulación como una oportunidad y no como una imposición. Limitar el uso indiscriminado de pantallas en el aula permite recuperar espacios de diálogo, convivencia y aprendizaje consciente. En palabras del especialista, se trata de humanizar la educación en un mundo cada vez más digitalizado.El Reglamento, bien implementado, puede sentar las bases para una educación más atenta, segura y humana, donde la tecnología esté al servicio del aprendizaje y no al revés. El desafío ahora es pasar de la norma a la práctica, con docentes empoderados, familias comprometidas y estudiantes capaces de usar la tecnología con criterio, ética y responsabilidad.
Comentar esta noticia