De acuerdo a un informe publicado hoy por Exitosa, la ciudadana Xiomi Hinostroza relató que pagó un total de 113 soles para matricular a sus dos sobrinas, quienes llegarán a la ciudad para continuar sus estudios luego de haber cursado previamente en la zona de frontera con Colombia. El monto solicitado incluía supuestos conceptos como ingreso de alumnas nuevas, aportes a la Asociación de Padres de Familia (Apafa) y otros gastos.
Según recoge Exitosa, el dinero fue solicitado por un docente identificado como Charles, quien aseguró que el pago era necesario para asegurar las vacantes de las menores en el plantel educativo. Sin embargo, días después, la situación dio un giro inesperado.
La madre denunciante indicó que posteriormente le informaron que las niñas no podrían ser admitidas en la institución debido a su condición de repitentes, por lo que debía buscar otro colegio. Esta decisión generó indignación en la familia, ya que el pago ya había sido efectuado.
Reportó hoy Exitosa que, tras conocer la negativa de matrícula, Hinostroza solicitó la devolución del dinero entregado. No obstante, tanto el docente como el director del plantel se habrían negado a devolver el monto. Según la versión de la denunciante, las autoridades escolares argumentaron que el dinero ya había sido utilizado en la compra de útiles de aseo para la institución.
“Necesito que me devuelvan el dinero para poder matricular a mis sobrinas en otro colegio, ya que ellas llegarán este jueves a Iquitos”, expresó la mujer, según informó Exitosa. La situación ha generado preocupación debido a la proximidad del inicio de clases y la necesidad urgente de asegurar un cupo escolar para las menores.
Fuentes de Exitosa informaron que este tipo de cobros no están permitidos en instituciones educativas públicas, donde la matrícula debe ser gratuita, salvo aportes voluntarios debidamente regulados. En ese sentido, el caso podría configurar una falta administrativa o incluso una irregularidad que amerite investigación por parte de las autoridades educativas.
El hecho ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de muchas familias que, ante la necesidad de asegurar educación para sus hijos, acceden a realizar pagos sin contar con información clara sobre su legalidad. Asimismo, plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en los colegios públicos de la región.
Hasta el momento, no se ha informado de un pronunciamiento oficial por parte de la dirección del plantel ni de las autoridades del sector Educación en Loreto. La denunciante espera una pronta respuesta que le permita recuperar el dinero y garantizar el acceso a la educación de sus familiares.
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