La Ley N° 32031 establece que, para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) y otros beneficios, se considerará el tiempo efectivo trabajado en el cargo de auxiliar de educación, ya sea nombrado o contratado, independientemente de su régimen laboral. Esto significa que todos los auxiliares de educación, sin importar su modalidad de contratación, podrán contar con el tiempo real trabajado para el cálculo de sus beneficios laborales, lo cual representa un reconocimiento significativo a su labor diaria.
Además, la ley precisa que la relación laboral del auxiliar de educación puede concluir por diversas razones: renuncia, destitución, límite de edad al 31 de diciembre del año en que cumple 70 años, incapacidad permanente o fallecimiento. Estas especificaciones brindan mayor claridad y seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las entidades empleadoras.
La Ley 30493, ahora modificada, tiene como propósito regular la política remunerativa de los auxiliares de educación, ya sean nombrados o contratados, y cualquiera sea su régimen laboral. Esto incluye a aquellos que prestan servicios en instituciones educativas públicas bajo la administración de los ministerios mencionados. En este sentido, la ley busca asegurar que los auxiliares de educación reciban una remuneración justa y acorde a sus funciones y responsabilidades.
El presidente de la Comisión de Educación, José María Balcázar, señaló que esta modificación responde a la necesidad de reconocer y formalizar los derechos laborales de los auxiliares de educación, quienes desempeñan un rol fundamental en el sistema educativo. "Es un avance significativo para asegurar que los auxiliares de educación reciban los beneficios que les corresponden por su dedicación y esfuerzo en la formación de nuestros estudiantes", afirmó Balcázar.
Con la aprobación de esta ley, se espera que los auxiliares de educación en el Perú vean mejoradas sus condiciones laborales y tengan mayor claridad sobre sus derechos y beneficios. Esta medida representa un esfuerzo por parte del Congreso para garantizar un trato justo y equitativo a todos los trabajadores del sector educativo.
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