En medio de un escenario político muy polarizado, Fuerza Popular ha desplegado una estrategia parlamentaria que apunta a reorganizar el equilibrio de poderes, con la Junta de Fiscales Supremos en la mira. Las recientes acciones promovidas por los congresistas Patricia Juárez y Fernando Rospigliosi evidencian el propósito de cambiar el reglamento legislativo para facilitar la suspensión de altos funcionarios con una votación reducida.
La Comisión de Constitución, presidida por Rospigliosi, aprobó un dictamen que propone modificar el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Esta iniciativa permitiría que el Pleno suspenda a ministros, jueces y fiscales con solo 50 votos, en casos donde existan acusaciones constitucionales en trámite. La propuesta fue elaborada por la congresista Patricia Juárez y ha sido presentada como parte de una reorganización institucional, aunque analistas señalan sus implicancias políticas.
En paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió una denuncia contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos. La acusación fue presentada por Rospigliosi junto a Alfredo Azurín (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia), y se sustenta en supuestas infracciones constitucionales y delitos como prevaricato y abuso de autoridad.
El contexto político detrás de la ofensiva
La denuncia se basa en la aparente negativa del Ministerio Público a aplicar la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú la dirección de investigaciones preliminares. Según Rospigliosi, esta omisión constituye un desacato que debe ser sancionado. El proceso apunta a someter a juicio político a los fiscales involucrados, lo que podría derivar en su inhabilitación. Sin embargo, alcanzar los 67 votos necesarios para dicha sanción representa un desafío para Fuerza Popular y sus aliados.En ese contexto, el proyecto de Juárez cobra relevancia, ya que plantea una vía alternativa: la suspensión temporal del cargo mientras se realiza la investigación. Esta medida sería viable con una mayoría simple de 50 votos, una cifra que resulta accesible para la coalición integrada por bancadas como APP, Perú Libre, Somos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.
Reacciones y antecedentes del Congreso frente al sistema judicial
Para sectores de oposición, las iniciativas del fujimorismo no son aisladas. La congresista Ruth Luque señaló que existe una coordinación evidente entre la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución y la admisión de la denuncia en la subcomisión. Advirtió que esta ofensiva busca neutralizar a los fiscales actuales para luego introducir una reforma del sistema judicial.Este no es el primer intento del Congreso por apartar a figuras clave del sistema de justicia. En junio de 2023, se aprobó la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien más tarde regresó al cargo por orden judicial. En marzo, ocurrió lo mismo con los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez. Ambos lograron revertir la decisión mediante acciones de amparo.
El telón de fondo electoral
Las maniobras legislativas coinciden con el inicio del reacomodo político de cara a las elecciones generales de 2026. La actuación de Keiko Fujimori y su bancada refuerza la percepción de que se está preparando un entorno más favorable para su eventual candidatura. Mientras se debate la constitucionalidad de las reformas propuestas, el debate sobre la autonomía del sistema judicial se mantiene como uno de los puntos neurálgicos en el Congreso.Para muchos analistas, estas acciones abren un nuevo capítulo en la confrontación entre el Legislativo y los órganos de justicia, en un contexto donde los equilibrios democráticos se encuentran en permanente tensión.
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