La norma, emitida por el Ejecutivo, establece que los vehículos menores de las categorías vehiculares L1 y L3 solo podrán transitar con su conductor, prohibiéndose el traslado de cualquier otra persona en la parte posterior. Esta medida aplicará exclusivamente dentro del ámbito de la capital y la provincia constitucional del Callao.
El decreto también prohíbe expresamente el uso de elementos o accesorios que cubran el rostro del conductor, salvo el casco reglamentario. De esta manera, se busca facilitar la identificación visual del conductor y reforzar las acciones de seguridad ciudadana. "Los conductores de dichos vehículos no deben usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor", se lee en el documento oficial.
Estado de emergencia prorrogado por 30 días
Junto con la restricción del uso de acompañantes, el mismo Decreto Supremo prorroga por 30 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, a partir del 17 de abril. Durante este periodo, se mantendrá la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el respaldo de las Fuerzas Armadas en zonas específicas determinadas por la institución policial.Esta medida implica la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y la seguridad personal.
Aplicación y alcance del decreto
La norma busca reforzar las acciones contra la delincuencia organizada y mejorar el control en las vías de acceso y circulación urbana. La PNP tendrá facultades para intervenir a los conductores que incumplan la norma, y en caso se detecten indicios de la comisión de un delito, los implicados serán trasladados a las dependencias policiales correspondientes para iniciar las investigaciones respectivas.El Decreto Supremo lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y de los titulares de las carteras del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, así como de Transportes y Comunicaciones.
Esta disposición representa un nuevo esquema de intervención focalizada del Gobierno frente al incremento de hechos delictivos que involucran el uso de motocicletas en zonas urbanas. La medida será evaluada una vez concluido el plazo inicial de implementación.
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