Congreso convierte a los menores de 40 en rehenes de las AFP: aportes obligatorios y sin derecho a retiro



Congreso convierte a los menores de 40 en rehenes de las AFP: aportes obligatorios y sin derecho a retiro
La reciente publicación del Decreto Supremo N.° 189-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 32123, ha generado un intenso debate en torno al futuro del sistema previsional peruano. Diversos analistas sostienen que, lejos de modernizar el esquema, la norma fortalece la permanencia de las AFP y recorta derechos adquiridos por los afiliados, en especial los menores de 40 años.

Restricciones a los retiros

Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es la disposición que impide a quienes tengan menos de 40 años retirar el 95.5% de sus fondos acumulados al momento de jubilarse. Hasta ahora, los afiliados podían elegir entre una pensión mensual o el retiro total del ahorro. Con la nueva regla, esa opción desaparece para un sector amplio de trabajadores.

Especialistas advierten que la medida limita la libertad del ciudadano sobre su propio dinero. Si bien la norma señala que se busca garantizar un flujo constante de ingresos durante la vejez, críticos sostienen que el sistema solo asegurará montos bajos que no se ajustan al costo de vida.

Aportes obligatorios para independientes

Otro aspecto polémico es la inclusión de profesionales independientes que emiten recibos por honorarios. A partir de 2028, se les descontará un 2% de sus ingresos, porcentaje que aumentará de manera gradual hasta alcanzar el 5% en 2034. El mecanismo ha sido calificado por gremios y asociaciones como una medida que desincentiva la formalidad y golpea directamente a quienes generan ingresos de manera autónoma.

Los cálculos muestran que con esos porcentajes será difícil acumular un fondo que garantice una pensión adecuada. La crítica principal es que el esfuerzo de aportación no se traduce en un beneficio proporcional, pues la densidad de aportes en el país se mantiene baja, con un promedio de solo siete años de contribuciones.

Pensión mínima de 600 soles

El reglamento establece una pensión mínima de 600 soles para quienes logren acumular al menos 240 unidades de aporte, es decir, el equivalente a 20 años de contribuciones continuas. Sin embargo, los datos del sistema evidencian que muy pocos trabajadores alcanzan esa meta, lo que deja a la mayoría expuesta a recibir una jubilación proporcional reducida.

Organizaciones laborales han señalado que la medida desconoce la realidad del mercado laboral peruano, caracterizado por la alta informalidad y la intermitencia en los periodos de empleo formal. Así, el requisito de 20 años se percibe como un objetivo fuera del alcance de la mayoría.

Competencia limitada

El Gobierno ha señalado que la reforma abre la puerta para que nuevos actores financieros ingresen al mercado previsional. No obstante, expertos sostienen que la estructura económica de las AFP y la presencia de bancos como BCP y Scotiabank, que ya controlan parte del negocio mediante Prima y Profuturo, hacen difícil que exista una competencia real.

En la práctica, la concentración del sector reduce las posibilidades de que surjan opciones más rentables para los afiliados, lo que perpetúa la dependencia del sistema privado actual.

Impacto en menores de 40 años

El grupo más afectado es el de los afiliados que aún no cumplen los 40 años. Según el reglamento, al jubilarse solo podrán acceder a sus fondos en forma de pensión mensual. Esto implica que no podrán disponer de su ahorro para proyectos personales, adquisición de vivienda o emprendimientos en la etapa final de su vida laboral.

Diversos especialistas han calificado esta disposición como un "secuestro" del ahorro previsional, ya que restringe el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus recursos. La medida, además, no contempla un mecanismo de compensación para quienes prefieran administrar su propio dinero al culminar su vida laboral.

Críticas y debate político

La norma fue aprobada en el Congreso con 38 votos, en medio de cuestionamientos por la falta de un debate amplio y transparente. Sectores políticos y sociales han cuestionado que se priorice la sostenibilidad del sistema privado sobre las necesidades de los afiliados.

La controversia ha puesto nuevamente en discusión la legitimidad de las reformas previsionales impulsadas en el país. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un esfuerzo por modernizar el sistema, la percepción ciudadana refleja desconfianza y descontento.

En conclusión, la reforma introduce cambios de gran alcance en la forma en que los peruanos accederán a sus fondos de pensiones. Con aportes obligatorios para independientes, limitación en los retiros totales y una pensión mínima difícil de alcanzar, el debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema previsional se mantendrá abierto.



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