Continuidad de casos y ajustes en la plataforma
Los casos en trámite seguirán bajo los lineamientos de la Resolución Ministerial N.° 274-2020-MINEDU hasta su cierre, mientras que las nuevas denuncias se procesarán con la normativa recientemente aprobada. Para ello se ha dispuesto una tabla de equivalencias que permitirá adaptar los reportes al nuevo esquema, evitando que se generen vacíos en la atención.La Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGE) remitirá oficios a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL con instrucciones detalladas sobre cómo proceder. Entre los cambios figura la obligación de subir informes de acciones y actas de cierre de caso, salvo en los reportes vinculados a violencia sexual cometida por personal de la institución educativa, en los que se exige cumplir con tareas específicas.
Prevención y coordinación interinstitucional
Los protocolos actualizados buscan fortalecer la prevención en las escuelas mediante capacitaciones a docentes y directores en detección temprana, mediación de conflictos y uso del portal SíseVe. También promueven la participación de estudiantes, padres y apoderados para consolidar una cultura de convivencia pacífica.El documento establece la articulación con la Policía, Fiscalía, centros de salud, DEMUNA y los Centros Emergencia Mujer, para garantizar una atención integral. En casos graves de violencia física o sexual, se dispone la derivación inmediata a servicios especializados, priorizando la protección de las víctimas y evitando la revictimización.
El rol del sistema SíseVe
El sistema SíseVe continúa como herramienta central para el registro y seguimiento de incidencias. La R. M. N° 383-2025-MINEDU dispone su modernización para garantizar acceso incluso en zonas rurales con conectividad limitada. Se regulan además los plazos de respuesta y la supervisión constante de la UGEL y el Minedu sobre la actuación de las escuelas.El Minedu destacó que los nuevos protocolos se enmarcan en la política nacional de protección de la niñez y adolescencia, reafirmando la necesidad de entornos escolares seguros. La capacitación permanente de la comunidad educativa será un eje para garantizar que las medidas no queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones efectivas.
Con estas disposiciones, el sector busca cerrar brechas en la gestión de denuncias, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la confianza de las familias en el sistema educativo frente a la violencia escolar.
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