Morgan Quero detrás de la observación
La observación de la norma no fue una decisión improvisada. Fuentes del propio Ejecutivo confirmaron que el ministro de Educación, Morgan Quero, tuvo un rol determinante en el desenlace. Días antes del vencimiento del plazo legal, Quero había expresado públicamente su desacuerdo con la iniciativa aprobada por el Congreso, al advertir que su aplicación generaría un impacto fiscal considerable y que no contaba con respaldo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.Desde Palacio de Gobierno, su postura terminó inclinando la balanza hacia la observación. El ministro sostuvo que una medida de esa magnitud debía formar parte de una reforma integral del sistema previsional docente y no aprobarse de manera aislada. El proyecto, que planteaba equiparar la pensión de los docentes jubilados y cesantes con el último piso de la escala magisterial -establecido en 3 300 soles-, había sido aprobado por amplia mayoría en el pleno del Congreso el 4 de septiembre y convertido en autógrafa firmada por el presidente del Parlamento, José Williams, el 15 del mismo mes.
El Ejecutivo devuelve la autógrafa
De acuerdo con el registro oficial del Congreso, la autógrafa de ley fue observada por el Ejecutivo el martes 7 de octubre. En el documento remitido a la mesa directiva del Parlamento se indica que el Gobierno solicita la revisión de algunos puntos por razones de sostenibilidad presupuestal. La observación implica que el Congreso deberá decidir ahora si modifica el texto conforme a las recomendaciones del Ejecutivo o si aprueba la ley por insistencia.Fuentes legislativas señalaron que la observación de la Ley de pensión magisterial era una posibilidad previsible, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas no había emitido opinión favorable sobre la propuesta. Según estimaciones técnicas, la norma demandaría un presupuesto adicional que el Tesoro Público no tiene contemplado para el año fiscal 2025.
El origen del proyecto
El proyecto de ley, presentado inicialmente en 2022, fue impulsado por diversas bancadas que argumentaban la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los maestros retirados. La iniciativa establecía que los docentes cesantes y jubilados reciban una pensión equivalente al monto asignado al nivel más alto de la escala remunerativa del magisterio, es decir, 3 300 soles. Este beneficio se aplicaría tanto a quienes habían laborado bajo el régimen de la Ley del Profesorado como de la Carrera Pública Magisterial.El dictamen obtuvo respaldo mayoritario en el Parlamento durante dos votaciones, cumpliendo así con los requisitos constitucionales para su promulgación. Sin embargo, el Ejecutivo decidió no publicar la norma y observó la autógrafa el día posterior al vencimiento del plazo de ley. Esta acción ha generado cuestionamientos de sectores sindicales y asociaciones de docentes jubilados, que ven frustradas sus expectativas.
Reacciones y próximos pasos
Diversos gremios magisteriales expresaron su descontento con la decisión del Gobierno. Representantes de la Federación Nacional de Docentes Jubilados calificaron la observación como una falta de sensibilidad hacia un sector que ha dedicado décadas al sistema educativo. "No pedimos favores, pedimos justicia", declararon en un comunicado. Los dirigentes anunciaron que solicitarán al Congreso aprobar la ley por insistencia.Por su parte, analistas consultados advierten que, de aprobarse por insistencia, la norma podría enfrentar dificultades en su aplicación si el Ministerio de Economía no asigna los recursos correspondientes. En ese escenario, podría generarse una nueva controversia entre ambos poderes del Estado.
El Congreso, de acuerdo con el procedimiento legislativo, deberá incluir la observación en su agenda plenaria para decidir si acepta las modificaciones propuestas por el Ejecutivo o insiste en su texto original. En este último caso, la ley se promulgaría sin necesidad de la firma presidencial y sería publicada directamente por el Parlamento.
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