Una nueva controversia se ha abierto en el Congreso de la República tras la presentación del Proyecto de Ley N.° 12793/2025-CR, promovido por el parlamentario Luis Cordero Jon Tay, del partido Alianza para el Progreso (APP). La propuesta plantea modificar el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta para permitir que las empresas víctimas de extorsión puedan deducir las sumas pagadas a delincuentes en el cálculo de sus tributos.
El texto, presentado el 14 de octubre, busca autorizar que dichas pérdidas sean acreditadas ante la Sunat mediante una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente. Según el documento, el objetivo sería "proteger la integridad física y la vida del contribuyente y su familia", ante el riesgo de denunciar formalmente este tipo de delitos.
Formalizar el crimen para aliviar el impuesto
El proyecto propone que los pagos derivados de extorsiones puedan considerarse como "pérdidas extraordinarias" y, por tanto, deducibles de la renta bruta. Para ello, bastaría que la víctima presente una declaración jurada acompañada de medios probatorios que sustenten el hecho, sin necesidad de una denuncia policial o proceso judicial.Actualmente, la legislación vigente solo permite deducir pérdidas ocasionadas por delitos si existe una resolución judicial que las acredite o si se demuestra que es inútil ejercer la acción judicial. La propuesta de Jon Tay elimina esa exigencia en los casos de extorsión, introduciendo un mecanismo tributario sin precedentes en la región.
Argumentos del congresista y APP
De acuerdo con la exposición de motivos, el legislador sostiene que exigir una denuncia judicial "pone en riesgo la vida de las víctimas", dado que las bandas de extorsionadores suelen amenazar a quienes acuden a las autoridades. "Muchos empresarios, transportistas y comerciantes optan por no denunciar por miedo a represalias", señala el documento.En esa línea, la propuesta asegura que la medida busca reconocer la realidad que enfrentan miles de contribuyentes, sobre todo en regiones donde el crimen organizado ha extendido su control sobre actividades económicas. "El Estado no ha logrado garantizar la seguridad ciudadana. Esta iniciativa pretende que las víctimas no sean revictimizadas ni obligadas a callar sus pérdidas", argumenta el texto.
Preocupación por el impacto tributario y ético
Sin embargo, la iniciativa ha generado alarma entre expertos en derecho tributario y analistas políticos, quienes advierten que podría abrir la puerta a una peligrosa "formalización del delito". Al permitir que una empresa deduzca del Impuesto a la Renta montos pagados a organizaciones criminales, el Estado estaría, en la práctica, reconociendo las extorsiones como un gasto legítimo.Varios especialistas consultados alertan sobre la posibilidad de que este mecanismo se utilice para simular pérdidas o encubrir operaciones ilícitas. Además, señalan que la Sunat tendría una carga excesiva al tener que verificar la autenticidad de cada caso, sin contar con las herramientas policiales o judiciales necesarias para determinar si la extorsión fue real.
En el documento legislativo, se menciona que la propia Sunat deberá investigar la veracidad de las declaraciones, y que en caso de falsedad podrá interponer denuncias penales. No obstante, la medida ha sido calificada por varios sectores como un intento de trasladar a la administración tributaria funciones propias del sistema de justicia penal.
Contexto de inseguridad y cifras preocupantes
Según datos citados en la exposición de motivos, solo el 15,7 % de las víctimas de delitos en el Perú presenta denuncias ante la Policía, mientras que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más extendidos. El documento menciona además que en algunos sectores, como el transporte público, los delincuentes llegan a apropiarse de hasta el 30 % de las ganancias de los trabajadores.El legislador sostiene que la norma ayudaría a "visibilizar el impacto económico de la extorsión" y permitiría al Estado cuantificar las pérdidas reales de las empresas. De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Lima, las extorsiones y la inseguridad ciudadana generarían pérdidas superiores a los 5.800 millones de dólares anuales, lo que equivale al 2,2 % del Producto Bruto Interno.
Una propuesta en debate
El proyecto aún no ha sido debatido en comisiones ni cuenta con dictamen. Sin embargo, ha causado preocupación entre analistas y sectores empresariales, que advierten sobre el riesgo de normalizar prácticas criminales bajo el argumento de proteger a las víctimas. La propuesta deberá pasar por la Comisión de Economía y, de ser aprobada, requerirá el voto del Pleno del Congreso.En redes sociales y círculos políticos, la iniciativa ha sido duramente criticada, al punto que algunos la califican como un intento de "legalizar la extorsión". Pese a ello, el despacho de Cordero Jon Tay defiende que su objetivo es "dar una salida práctica y segura a los contribuyentes que viven bajo amenaza permanente".
El debate sobre este proyecto promete extenderse en los próximos días, en medio de un escenario donde la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas del país y la confianza en las instituciones continúa en descenso.
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