
Bolsonaro fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal y permanecerá en una sala especial destinada a autoridades de alto rango. El exmandatario, quien desde el 4 de agosto se encontraba en prisión domiciliaria, enfrenta actualmente una condena aún no firme por el caso relacionado con la intentona golpista del 8 de enero de 2023. Su defensa mantiene activa la fase de apelación.
La decisión judicial y los argumentos que motivaron la detención
Según el STF, la detención preventiva se sustentó principalmente en la necesidad de preservar el orden público. La Policía Federal reportó que la convocatoria de una vigilia por parte de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, habría generado un escenario susceptible de poner en riesgo tanto a los asistentes como a los agentes responsables del resguardo. Este elemento fue considerado relevante para la evaluación de la medida.Además, el juez De Moraes informó que, durante la madrugada del sábado, Bolsonaro habría intentado manipular su dispositivo electrónico de monitoreo. La tentativa de alterar el brazalete quedó registrada a las 0:08 hora local, lo que incrementó la preocupación sobre un eventual intento de fuga. El magistrado sostuvo que la cercanía de la residencia del exmandatario con la Embajada de Estados Unidos constituía otro indicio que reforzaba dicho riesgo.
Contexto judicial y la situación del caso por intentona golpista
En septiembre, Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por su presunta responsabilidad en los eventos que derivaron en la invasión de instituciones federales por parte de simpatizantes bolsonaristas. No obstante, la resolución continúa en proceso de apelación, lo que significa que aún no es una condena definitiva. Antes de la orden de detención preventiva, su defensa presentó una solicitud para sustituir el régimen de aislamiento inicial por un arresto domiciliario humanitario, argumentando problemas de salud y la existencia de un riesgo para su integridad en caso de ser conducido a una prisión común.La nueva medida cautelar modifica nuevamente el panorama judicial del expresidente, quien permanece bajo supervisión mientras las autoridades continúan evaluando tanto los incidentes recientes como el avance de los procesos en curso. La Policía Federal indicó que la operación se ejecutó conforme a los parámetros establecidos por el STF y que se mantendrán los protocolos de seguridad correspondientes.




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