Prensa bajo ataque en el Gobierno de José Jerí
El envío de un nuevo proyecto del Ejecutivo al Congreso ha encendido alertas en diversos sectores, especialmente en el ámbito periodístico, debido a disposiciones que podrían incidir en el acceso a información pública y en la labor de los medios. La iniciativa, presentada por el Gobierno de José Jerí, solicita facultades para legislar en 22 materias y contempla la creación de un delito vinculado a la divulgación de datos considerados reservados.Desde el inicio, el documento plantea modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal que incluyen sanciones para quienes difundan información relacionada con investigaciones fiscales o policiales. Este enfoque, según especialistas, podría afectar el ejercicio de la prensa al limitar la publicación de datos que revelan irregularidades, abusos o casos de corrupción. Las inquietudes crecen debido a que el texto no define con claridad qué se entenderá por información reservada, lo que abre la posibilidad de interpretaciones amplias.
Alcance del pedido y su impacto en la cobertura informativa
El proyecto se integra en un paquete más amplio que incluye reformas en materia penal, administrativa, tributaria y económica. Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor preocupación es el que faculta a tipificar delitos vinculados a la difusión de datos en procesos en curso. La ausencia de precisiones sobre el tipo de contenido protegido incrementa el riesgo de que información de evidente interés público sea objeto de sanciones.De concretarse, la norma podría tener repercusiones en la cobertura de casos de corrupción estatal o crimen organizado, en los cuales la prensa ha cumplido una función fundamental gracias a filtraciones y documentos obtenidos fuera de los canales formales. Organizaciones de periodistas advierten que esta norma podría transformar situaciones habituales de investigación periodística en potenciales infracciones.
En paralelo, el Ejecutivo incorpora en su solicitud medidas ya impulsadas por administraciones anteriores, entre ellas el aumento de penas, ajustes al Código Penal y restricciones en beneficios penitenciarios. Varias de estas políticas no generaron resultados perdurables en materia de seguridad ni contribuyeron a solucionar los problemas estructurales del sistema.
Preocupación de organizaciones periodísticas
La presidenta de la filial Lima de la Asociación Nacional de Periodistas, Jeanette Pérez Osorio, expresó su inquietud ante el posible impacto de la propuesta. Señaló que sin definiciones claras, disposiciones de este tipo pueden limitar el derecho ciudadano a acceder a información relevante. Recordó que filtraciones periodísticas han permitido revelar casos que involucraron a autoridades de distintos niveles.Pérez Osorio subrayó que no se debe perseguir a quienes difunden información con un fin de control democrático y precisó que estos intentos ya se registraron en otros gobiernos, funcionando más como mecanismos de presión que como respuestas a los problemas de seguridad.
Advertencias desde el ámbito legal
El abogado penalista Andy Carrión alertó que introducir el concepto de difusión dentro de un marco sancionador puede afectar directamente a periodistas y usuarios de plataformas digitales. Según explicó, el texto abre la posibilidad de denunciar a quienes publiquen o repliquen contenido vinculado a procesos reservados, lo que podría derivar en una “ley mordaza” encubierta. Añadió que si la intención fuera proteger investigaciones, el Ejecutivo habría delimitado sanciones únicamente para quienes filtran información desde dentro del sistema.Carrión también observó que esta clase de iniciativas ya fueron debatidas y aplicadas sin resultados concretos en los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. En todos los casos, las reformas no produjeron mejoras sostenibles ni cambios estructurales en los sistemas de justicia o seguridad.
Reformas repetidas y ausencia de soluciones estructurales
El proyecto presentado por el Gobierno de José Jerí reúne además propuestas económicas y administrativas que abarcan procesos de inversión pública, procedimientos ambientales y disposiciones migratorias. Muchos de estos enfoques han sido reciclados de gestiones anteriores sin resolver los problemas de largo plazo. Entre ellos vuelve a incluirse la declaratoria de emergencia del transporte público, una propuesta reiterada en diferentes periodos sin ejecutarse plenamente.La acumulación de medidas conocidas, junto al intento de limitar la libertad de prensa, ha generado cuestionamientos sobre la pertinencia de la solicitud de facultades. Diversos especialistas coinciden en que el paquete no introduce innovaciones sustanciales y podría restringir el acceso a información de interés público, un elemento central en la vigilancia ciudadana y en la transparencia estatal.
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