Este lunes 14 de abril, la presidenta Dina Boluarte promulgó la controvertida ley que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), conocida como "Ley Anti-Justicia". La norma impone restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG), limitando su capacidad para interponer demandas contra el Estado peruano y estableciendo sanciones severas para aquellas que lo hagan.
Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte elogió la aprobación de la ley, calificándola como "valiente" y afirmando que busca una "revisión exhaustiva" de las ONG que, según ella, actúan contra los intereses del país y siembran odio.
La ley establece que la APCI supervisará la ejecución de los recursos de cooperación técnica internacional, promoviendo su uso ético. Además, las entidades receptoras, incluidas las ONG, deberán inscribir sus planes, proyectos, programas, actividades y gastos en un registro público gestionado por la APCI.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a la ley, argumentando que atenta contra el derecho al acceso a la justicia, especialmente para las poblaciones vulnerables que han enfrentado abusos del Estado. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que, entre 1991 y 2024, las ONG peruanas lograron al menos 113 sentencias favorables para víctimas de graves violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Expertos legales han advertido que la ley podría ser inconstitucional, ya que restringe derechos fundamentales como la libertad de asociación y el acceso a la justicia. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) indicó que la norma atenta contra la independencia de las organizaciones de la sociedad civil y limita su capacidad para defender los derechos humanos.
A nivel internacional, entidades como Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han expresado su preocupación por la ley, señalando que podría afectar negativamente los avances del Perú en la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige un gobierno abierto que promueva y proteja el espacio cívico.
La promulgación de esta ley se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, que han sido críticas con la gestión de Boluarte, especialmente en relación con las protestas de 2022 y 2023, durante las cuales se registraron numerosas violaciones de derechos humanos.
La nueva legislación ha sido comparada con medidas similares adoptadas en países como Nicaragua y Venezuela, donde se ha utilizado el control sobre las ONG para silenciar voces críticas y limitar la participación de la sociedad civil en asuntos públicos.
Ante la entrada en vigor de la ley, diversas organizaciones han anunciado que iniciarán acciones legales para impugnarla, argumentando que vulnera principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú.
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