El informe que sustenta el incremento
De acuerdo al informe N.° 0034-2025-EF/53.07, el argumento central es que el salario presidencial debe reflejar la máxima jerarquía del Estado y estar alineado con los sueldos de altos funcionarios como los magistrados del Tribunal Constitucional o los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes ya superan los S/35.000 mensuales.Sin embargo, la abogada Beatriz Ramírez advirtió a LaRepublica.pe que esta propuesta incurre en un conflicto legal, ya que no se puede ignorar el límite remunerativo establecido por ley. Para Ramírez, el intento de modificar el salario actual -que asciende a S/16.000- podría interpretarse como un acto de beneficio personal de la mandataria. "Más allá del análisis técnico, la propuesta omite un impedimento legal claro", sostuvo.
Respaldo político y críticas en medio de investigaciones
El pedido ha sido respaldado públicamente por figuras del Ejecutivo y del Congreso. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, defendió el aumento argumentando que se trata de un acto constitucional, mientras que la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, consideró que el incremento busca reordenar las escalas salariales del Estado.Sin embargo, esta propuesta se da mientras Boluarte afronta un clima político adverso: denuncias constitucionales, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito (como el caso "Rolexgate"), y un país conmocionado por el reciente asesinato de 13 mineros en Pataz. Además, el informe del MEF ha sido presentado sin aclarar cómo se sortearía el tope legal vigente, dejando a la expectativa el pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que recordó que todo ajuste salarial debe contar con un Cuadro de Puestos aprobado y seguir el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil.
Pese a los intentos del entorno presidencial por legitimar el incremento, la ciudadanía y diversos sectores cuestionan el momento político en el que se plantea el aumento, especialmente cuando aún no se esclarecen investigaciones sobre intervenciones estéticas no pagadas, como reveló el médico Mario Cabani en Cuarto Poder.
De concretarse el incremento, el aumento representaría más del 125% del sueldo actual de la jefa de Estado. La decisión final recaerá en el Consejo de Ministros y deberá ser formalizada mediante Decreto Supremo, conforme a la normativa vigente.
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