La política, elaborada por CONCYTEC y validada por CEPLAN, identifica la formación de investigadores, tecnólogos y gestores como su tercer objetivo prioritario. Ello implica multiplicar las plazas de maestría y doctorado, crear clusters universitarios con laboratorios compartidos y financiar becas de repatriación para peruanos que hoy investigan en el exterior. El Ministerio de Educación deberá, además, incorporar competencias de alfabetización científica y pensamiento computacional desde primaria -clave para que la revolución digital no siga siendo patrimonio de unos pocos -.
En el frente productivo, la POLCTI exige a institutos tecnológicos y CITE articularse con industrias locales para cerrar brechas de productividad y lanzar prototipos que les abran nuevos mercados. Para eso se prevé un "pasaporte" de incentivos: compras públicas innovadoras, crédito fiscal de I+D y capital semilla para start-ups. El objetivo es que el sector privado pase de financiar apenas el 0,11 % del PBI en investigación (cifra 2024) a colocar la mitad del nuevo 1 %.
La norma también pone en la misma hoja de ruta a salud, ambiente y servicios sociales. Se financiarán proyectos que usen IA, biotecnología y energías limpias para mejorar diagnósticos médicos, gestión de residuos o prevención de desastres climáticos. Cada entidad pública deberá adecuar su presupuesto y rendir cuentas al CONCYTEC, responsable del seguimiento y una evaluación semestral que enviará al CEPLAN.
Finalmente, la política declara su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y deroga el decreto de 2016. Si el plan prospera, los actuales estudiantes de secundaria llegarán a la universidad con un ecosistema capaz de convertir sus proyectos en patentes, spin-offs y empleos de alta calidad. El desafío ya no es soñar con el Silicon Valley andino, sino construirlo paso a paso desde las aulas.
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