
Fragmentos idénticos y fuentes no citadas
El reportaje identificó extensos fragmentos de la tesis titulada *"El Principio de oportunidad en investigación preliminar y su aplicación de los delitos de lesiones culposas"*, presentados como propios por Benavides, pero que corresponden a textos de académicos peruanos y extranjeros. En varios casos, se habrían replicado incluso los errores tipográficos y las estructuras de cita de los documentos originales, lo que refuerza la sospecha de un plagio sistemático.Durante la emisión, el periodista Marco Sifuentes detalló que el equipo de investigación contrastó el documento de Benavides con publicaciones académicas, artículos jurídicos y blogs especializados. "Son 30 páginas de copy paste", afirmó. Las comparaciones mostradas en pantalla evidenciaron coincidencias literales en párrafos consecutivos, en su mayoría extraídos de textos disponibles en internet y repositorios antiguos.
Tesis no publicadas y falta de transparencia
Benavides sustentó su tesis de maestría el 18 de julio de 2008 en la Universidad Alas Peruanas (UAP), institución que años más tarde perdió su licencia otorgada por la Sunedu debido al incumplimiento de condiciones básicas de calidad. Un año después, obtuvo también el grado de doctora en la misma universidad. Sin embargo, ambas tesis no figuran en los repositorios digitales de la UAP ni en bases de datos académicas, lo que dificulta la verificación independiente del contenido.Silencio y cuestionamientos
Hasta el momento, Patricia Benavides no ha emitido ningún pronunciamiento frente a las revelaciones difundidas. Su silencio mantiene abierta la polémica sobre la validez de sus grados académicos y la ética de su trayectoria profesional, especialmente tras haber sido suspendida del cargo de fiscal de la Nación por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad.Según da cuenta el diario "La República", la congresista Susel Paredes solicitó al Ministerio Público acceso a las tesis de posgrado de Benavides, argumentando que su contenido es de interés público. No obstante, la Fiscalía respondió que carece de competencia para disponer de esos documentos, mientras la UAP aseguró no contar con copias digitales disponibles. El caso vuelve a poner en debate la calidad y transparencia de los trabajos de investigación que sustentan los títulos de altos funcionarios públicos en el país.
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