El caso se originó luego de que dos jóvenes, Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara, fueran detenidos por la Policía Nacional tras una denuncia pública del propio burgomaestre. Según el reporte inicial, ambos habrían portado una granada, un arma de fuego y un croquis con presuntos planes para agredir al alcalde durante una actividad oficial.
Ministerio Público no halló pruebas de intento de homicidio
Sin embargo, las pericias y el acta fiscal concluyeron que no existió tal atentado. En el documento que dispone la liberación de Castro Lara se precisa que no se halló ningún elemento que demuestre la planificación de un ataque. En consecuencia, se resolvió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.El informe también indica que ninguno de los jóvenes tenía relación con organizaciones criminales ni con actividades violentas. Pese a ello, Paolo Pizango continúa detenido mientras se evalúa su situación por un proceso distinto relacionado a la presunta tenencia ilegal de armas.
Reacción de Rafael López Aliaga ante la decisión fiscal
Tras conocerse la resolución, López Aliaga cuestionó públicamente la decisión del Ministerio Público. Durante un evento municipal, sostuvo que existió un "ataque personal" y acusó a la institución de "liberar a gente peligrosa". Estas declaraciones fueron emitidas la noche del 12 de octubre, luego de que se notificara la disposición fiscal de no continuar con el caso."Hace dos días he tenido un ataque personal. Eran tres personas coordinadas como banda criminal. Yo he estado en Fiscalía el día de ayer dando mi testimonio, pero mi sorpresa es que el día de hoy liberan a gente que va a un mitin de presentación de obra, con granada y pistola", afirmó el alcalde.
Municipalidad mantuvo discurso de ataque
A pesar de la falta de pruebas, la Municipalidad de Lima difundió un comunicado el mismo día del incidente con el titular "Ataque armado contra el alcalde de Lima". En el mensaje, se aseguraba que "un criminal armado intentó matar al alcalde", y se anunciaba que se presentaría una denuncia penal por intento de asesinato.Este comunicado fue replicado en las redes oficiales de la institución y en medios afines al entorno político del burgomaestre, consolidando una narrativa que ahora ha sido desmentida por la Fiscalía.
Impacto político y mediático
La decisión del Ministerio Público reaviva el debate sobre el uso político de los discursos de seguridad ciudadana y victimización en el ámbito municipal. Analistas coinciden en que el incidente generó un impacto mediático que benefició temporalmente la imagen del alcalde, quien había perdido respaldo en encuestas recientes.Diversas voces en el Congreso y en organismos de derechos ciudadanos han pedido una investigación sobre la posible manipulación de información desde la Municipalidad de Lima para fines políticos.
Archivo definitivo del caso
Con el cierre del expediente, la Fiscalía da por terminado un episodio que fue ampliamente difundido y que, según las conclusiones oficiales, careció de sustento real. El Ministerio Público enfatizó que su decisión se basó en la inexistencia de pruebas materiales y testimoniales que acrediten la intención de atentar contra la vida de Rafael López Aliaga.En tanto, la defensa de los jóvenes involucrados evalúa acciones legales por detención arbitraria y daño reputacional. El caso deja en evidencia la tensión entre la narrativa política y el trabajo técnico de la Fiscalía, en un contexto donde la desinformación sigue siendo un desafío para las instituciones públicas y los medios de comunicación.
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