La medida quedó establecida mediante el Decreto Supremo N° 011-2026-PCM, norma que fue refrendada por el presidente de la República, José Jerí Oré, y por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda. El dispositivo legal señala que la denominación aprobada será de uso obligatorio durante todo el 2026 en el ámbito del Estado, incluyendo ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y municipalidades.
Uso obligatorio en documentos del sector público
Según lo dispuesto en el artículo 2 del decreto supremo, la frase oficial deberá incorporarse en la papelería, resoluciones, oficios, informes y demás documentos que emitan las entidades del sector público a lo largo del año. Esta práctica responde a una tradición administrativa que busca reflejar los lineamientos políticos y conceptuales que el Ejecutivo define para cada periodo anual.El uso del nombre del año no se limita a los documentos impresos. También será de aplicación en plataformas digitales, comunicaciones institucionales y sistemas administrativos que utilicen denominaciones formales en sus encabezados o registros oficiales, de acuerdo con los criterios que cada entidad establezca internamente.
Traducción a lenguas indígenas u originarias
El decreto supremo también encarga al Ministerio de Cultura la responsabilidad de establecer, mediante resolución ministerial, la traducción oficial de la denominación del año 2026 a las lenguas indígenas u originarias correspondientes. Esta disposición se aplicará en los distritos, provincias y departamentos donde predominen estas lenguas, conforme a lo señalado en el Mapa Etnolingüístico del Perú.La medida se enmarca en las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país, y busca asegurar que la denominación oficial del año pueda ser utilizada de manera adecuada en los territorios donde el castellano no es la lengua predominante. De esta forma, las entidades públicas ubicadas en dichas zonas contarán con una referencia oficial para el uso del nombre del año en comunicaciones y documentos.
Marco constitucional y político de la denominación
En la parte considerativa del decreto, el Ejecutivo sustenta la decisión en lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, que establece que el país es una república democrática, social, independiente y soberana. Asimismo, se hace referencia al marco de funcionamiento de las instituciones del Estado y a la formulación de políticas orientadas al desarrollo y al bienestar de la población.El dispositivo también menciona el Decreto Supremo N° 141-2025-PCM, mediante el cual se aprobó la Política General de Gobierno 2025-2026, denominada Transición Democrática y Reconciliación Nacional. En dicho documento se establece, como uno de sus ejes, la necesidad de garantizar una transición democrática ordenada y fortalecer la institucionalidad.
Lineamientos vinculados al fortalecimiento institucional
Dentro de los lineamientos señalados en la Política General de Gobierno, se incluyen acciones orientadas a promover las condiciones necesarias para la realización de elecciones generales, el respeto a la libertad de prensa, así como la autonomía de los organismos electorales. También se contempla el fortalecimiento de un Estado moderno y predecible, con reglas claras y políticas públicas basadas en evidencia.Otros aspectos mencionados en el contexto normativo están relacionados con la rendición de cuentas al término del mandato gubernamental, el fortalecimiento de los espacios de diálogo entre los poderes del Estado, el sector privado, los actores políticos y sociales, así como el refuerzo de la integridad pública y las acciones contra la corrupción en todas las entidades estatales).
Alcances administrativos del decreto supremo
El decreto precisa que su refrendo corresponde al presidente del Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La norma fue suscrita en la Casa de Gobierno, en Lima, el 22 de enero de 2026, y publicada oficialmente al día siguiente en el boletín de Normas Legales de El Peruano.Con esta disposición, el Ejecutivo define el marco simbólico y administrativo bajo el cual operará el Estado durante el 2026. La denominación del año se suma así a los instrumentos normativos que orientan la actuación de las entidades públicas, en un contexto marcado por la transición política y el desarrollo de procesos institucionales previstos para el próximo periodo.
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